Sentencia 91/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 6 de julio de 2017 (Ponente: Alfredo Montoya Melgar)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE Núm. 191, de 11 de agosto de 2017
Temas Clave: Planificación energética; Sector eléctrico; Derechos de carbono
Resumen:
Voy a centrar este comentario en el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Canarias contra varios preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ciñéndome exclusivamente a los artículos 80 y 91.
El artículo 80, que versa sobre planificación energética vinculante, se impugna por extralimitación en la regulación de lo básico (art. 149.1.13 y 25 CE) y consiguiente vulneración de la competencia exclusiva autonómica en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía (art. 30.26, 31.4 y 32.9 EACan).
El Gobierno de Canarias no cuestiona la habilitación del Estado para llevar a cabo una actividad planificadora en el sector eléctrico, sino que el precepto no aluda a la singularidad de los sistemas energéticos insulares y extrapeninsulares.
Con carácter previo, la Sala nos recuerda el contenido de la STC 18/2011, de 3 de marzo,
Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático de Cataluña
Autor: Dr. Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOGC núm. 7426, de 3 de agosto de 2017
Temas clave: Agricultura; Aguas; Atmósfera; Biodiversidad; Cambio climático; Comercio de emisiones; Contaminación atmosférica; Eficiencia energética; Energías renovables; Fiscalidad ambiental; Política ambiental
Resumen:
Esta Ley parte del hecho científico, destacado por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPPC), en el que se evidencia el cambio climático y su correlación con la actividad humana, fundamentalmente por los denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el cambio en los usos del suelo, tal y como se reconoce en el propio expositivo de la norma.
También en el expositivo de esta norma se hace referencia a los principales aspectos que han contribuido al denominado cambio climático, y los avances que en esferas internacionales se han producido desde el reconocimiento del problema en 1992. Y, de igual modo, se hace mención a los compromisos internacionales que se han ido adquiriendo en las tres últimas décadas y que han culminado con el Acuerdo de París de 2015, y a los compromisos que la Unión Europea ha
Se mantiene la continuidad del mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2 hasta el 31 de diciembre de 2020
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 165, de 12 de julio de 2017
Temas Clave: Contaminación atmosférica; Comercio de derechos de emisión; Subvenciones y ayudas
Resumen:
El Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2 para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, define las características de dicho mecanismo y establece las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, así como los órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión. En él se preveía la posibilidad de prorrogar el periodo de vigencia.
El objeto del recientemente publicado Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, es mantener la continuidad del mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2 hasta el 31 de diciembre de 2020, en línea con el marco establecido por las Directrices relativas a determinadas
Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2017 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que declara compatible la legislación interna que obliga a devolver, sin indemnización, los derechos de emisión asignados a instalaciones inactivas
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), Asunto C-321/15, ECLI:EU:C:2017:179
Temas Clave: comercio de emisiones; derechos de emisión; naturaleza jurídica; derecho de propiedad
Resumen:
La Sentencia responde a cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional de Luxemburgo sobre la compatibilidad con la Directiva 2003/87 de la ordenación interna del régimen de comercio de emisiones, en la medida en que permite a las autoridades competentes exigir la devolución, sin indemnización, de los derechos de emisión asignados a instalaciones que han dejado de funcionar así como sobre la naturaleza jurídica de dichos derechos, esto es, si constituyen un “bien”.
La cuestión trae causa del recurso interpuesto por una empresa (ArcelorMittal) contra la decisión del Ministro de desarrollo sostenible e infraestructuras exigiendo la devolución, sin indemnización, de 80.922 derechos
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de enero de 2017, que anula parcialmente el Reglamento 601/2012, de la Comisión, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, al limitar la posibilidad de deducir el CO2 transferido fuera de la instalación aunque no se libere a la atmósfera
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), Asunto C-460/15 ECLI:EU:C:2017:29
Temas Clave: Gases de efecto invernadero; comercio de derechos de emisión; emisión; transferencias
Resumen:
El Tribunal de Justicia, respondiendo a la cuestión prejudicial planteada por Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín sobre la validez del Reglamento de la Comisión que desarrolla la Directiva 2003/87, anula su art. 49.1 (segunda frase) y el punto 10B del Anexo IV, por incluir en las emisiones de la instalación de calcinación de cal el CO2 transferido a otra instalación para producir carbonato de calcio precipitado, al margen de que el mismo se libere o no a la atmósfera. La Sentencia considera que la Comisión se excedió en sus competencias normativas y modificó un elemento esencial de la citada Directiva, al limitar expresamente la
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