14 junio 2022

Castilla y León Jurisprudencia al día Tribunal Superior de Justicia ( TSJ )

Jurisprudencia al día. Castilla y León. Urbanismo. Paisaje

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 29 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón Sastre Legido)

Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)

Fuente: Roj: STSJ CL 1299/2022 – ECLI:ES: TSJCL:2022:1299

Palabras clave: Urbanismo. Ordenación territorial. Plan General de Ordenación Urbana. Suelo rústico. Paisaje.

Resumen:

La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por la mercantil e “Lingotes Especiales, S.A” contra la Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la que se aprueba definitivamente de forma parcial la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (RPGOU) de Valladolid.

Las parcelas litigiosas están clasificadas en la RPGOU como suelo rústico, teniendo la parcela 117 la categoría de “rústico común” y la parcela 137 la categoría de “rústico con protección especial”.

Con carácter previo, la Sala trae a colación la normativa sobre ordenación del territorio y urbanística que resulta aplicable al caso enjuiciado. Al efecto, remarca que en el art. 12 de las “Directrices de ordenación de ámbito subregional” se hace referencia a las Unidades Paisajísticas como elemento de protección ambiental y, entre ellas, a la “U.P.2” referida a la “Cuestas y Terrazas del Pisuerga”, donde se encuentran las parcelas litigiosas. Entre las diversas categorías de suelo rústico contempladas en el art. 16.1 LUCyL se establece la de suelo rústico con protección especial. Asimismo, la protección del paisaje es uno de los objetivos de la actividad urbanística pública autonómica y el PGOU puede establecer la correspondiente ordenación para “proteger el patrimonio cultural, el medio ambiente y el paisaje, incluyendo las medidas precisas para la conservación y en su caso recuperación de las condiciones ambientales adecuadas”.

Sostiene la parte actora que la Orden impugnada vulnera los artículos 103 y 9.3 de la Constitución, así como los arts. 4 TRLS15 y 112 RUCyL en cuanto incluye las parcelas litigiosas –números 117 y 137- dentro de la protección de vistas que se contempla en el art. 260 RPGOU y en los planos de ordenación correspondientes, sin una adecuada motivación.

A juicio de la Sala esta pretensión no puede prosperar porque si bien el ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística debe ser motivado, lo cierto es que no es necesario justificar y motivar todas las determinaciones que se contienen en la revisión de un PGOU, bastando con que se expliquen y justifiquen las grandes líneas de la ordenación propuesta. Y esto, en opinión de la Sala, se ha cumplido en la RPGOU tanto en su Estudio Ambiental Estratégico como en su Memoria Vinculante. Puntualiza que tampoco en la “memoria vinculante” de un PGOU se exige justificar todas y cada una de las determinaciones que afecten a todas las parcelas del territorio ordenado.

Decaen también el resto de alegaciones formuladas por la mercantil recurrente por cuanto ni se han vulnerado los artículos 103.1 CE, 4 TRLS, 4 LUCyL y 5 RUCyL, ni el principio de seguridad jurídica, ni se ha provocado indefensión.

Por lo expuesto, la Sala desestima íntegramente el recurso planteado.

Destacamos los siguientes extractos:

“(…) En el art. 260 de las normas de la RPGOU, sobre ” Protección de vistas”, se dispone:

1. El presente PGOU considera una prioridad la protección de las vistas y el paisaje en el entorno de la ciudad de Valladolid frente a la frecuente intrusión de elementos de gran visibilidad por sus dimensiones y localización como las explotaciones mineras, o las infraestructuras de transporte, energéticas y de telecomunicaciones.

2. Para su autorización, las actividades citadas que se sitúen próximas a las cornisas de los páramos, a las que se dé vista desde la ciudad y en concreto que estén en los planos de ordenación de la serie B1 categorías (escala 1/10.000) dentro de la serie B suelo rústico con la trama de “protección de vistas” (…)

deberán incorporar, en la documentación que acompaña la solicitud de licencia urbanística, un estudio del impacto paisajístico, que incluya las cuencas visuales desde la ciudad de las instalaciones citadas (…) con un radio mínimo de dos mil (2.000) metros, así como perfiles longitudinales trazados desde los barrios afectados, que analicen si pueden ser visibles desde los mismos. En tal caso, se procurará que estos elementos se retranqueen hasta que no sean percibidos o, alternativamente, deberán incorporar técnicas de mimetización que los integren en el paisaje, describiendo dichas medidas en el proyecto arquitectónico o técnico que se redacte (…)”.

“(…)En efecto, debe precisarse que ese art. 260 no prohíbe los “usos permitidos” o “autorizables” en el régimen aplicable de “suelo rústico común” para la parcela 117 y de “suelo rústico con protección especial” para la parcela 137, pues únicamente exige que se incorpore, en la documentación que se acompañe con la solicitud de licencia urbanística, un ” estudio del impacto paisajístico”, si con esos “usos permitidos” o “autorizables” -entre ellos, según se indicó por el Ayuntamiento “los aerogeneradores”- las instalaciones o construcciones pueden ser visibles “desde la ciudad” para procurar, en ese caso, su retranqueo o, alternativamente, que se incorporen técnicas de mimetización que los integren en el paisaje. Y esta regulación, que ha de considerarse proporcionada teniendo en cuenta la ubicación de las parcelas litigiosas y los “usos” posibles que pueden albergar, no supone, por sí misma, la “arbitrariedad” o inseguridad jurídica -tampoco indefensión- que se alega por la actora, pues la Administración tendrá que adoptar motivadamente la propuesta que proceda con arreglo a derecho de acuerdo con el “uso” de que se trate y la documentación presentada. Debe recordarse en este aspecto que los actos de “otorgamiento o la denegación de las licencias urbanísticas” han de ser adecuadamente motivados, como dispone el art. 98.3 LUCyL (…)”.

Comentario de la Autora:

Esta sentencia pone de relieve la importancia que representa la protección del paisaje en el ejercicio de la actividad urbanística pública. En este caso, se trata de proteger las vistas desde la ciudad, pero no solo para las actuales instalaciones o edificaciones ubicadas en las parcelas afectadas por una Revisión del PGOU sino también para las que puedan implantarse en un futuro. Asimismo, se pronuncia la Sala sobre el grado de concreción que debe exigirse a la motivación contenida en la Memoria de la RPGOU y, en tal sentido, señala que basta con que se expliquen las grandes líneas de ordenación propuesta sin necesidad de explicaciones pormenorizadas que abarquen todas y cada una de las parcelas afectadas.

Enlace web: Sentencia STSJ CL 1299/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 29 de marzo de 2022