Éstos son los títulos donde se ha encontrado algún capítulo jurídico ambiental:
BOUZA, Nuria (Dir.), GARCÍA, Caterina (Dir.); RODRIGO, Ángel J. (Dir.). “La gobernanza del interés público global: XXV Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales”. Barcelona: Tecnos, 2013, 1008 p. BUSTAMANTE RUA, Mónica María (Coord.). “La jurisdicción y la protección internacional de los derechos”. Medellín (Colombia): Universidad de Medellín, 2011, 364 p. FERRADA, J. (Ed.); BERMÚDEZ, J. (Ed.); URRUTIA, O. (Ed). “Doctrina y enseñanza del Derecho Administrativo chileno: estudios en homenaje a Pedro Pierry Arrau”. Valparaíso: EUV, 2016, 618 p. MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS, Jerónimo. “Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea: Tomo VII. Otras políticas horizontales y sectoriales”. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters – Aranzadi, 2016, 1184 p. MANUEL GÓMEZ, José et al. “Derechos humanos emergentes y periodismo”. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015, 885 p., [en línea]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/11441/30995 [Fecha de último acceso 14 de noviembre de 2016]. MITSILEGAS, Valsamis et al. “Analysis of International Legal Instruments Relevant to Fighting Environmental Crime”. Londres (Reino Unido): Queen Mary University of London, 2015, 101 p., [en línea]. Disponible en Internet: http://efface.eu/analysis-international-legal-instruments-relevant-fighting-environmental-crime [Fecha de último acceso 14 de noviembre de 2016]. SOBRINO HEREDIA,
A continuación se ofrece una relación sistematizada de las ayudas y subvenciones aprobadas a lo largo del mes de septiembre de 2016, relacionadas directa o indirectamente con la materia ambiental. Dentro de cada apartado, el lector tendrá acceso al contenido íntegro de la disposición normativa reguladora de cada ayuda a través de un enlace a la página del boletín oficial correspondiente o, en su caso, a la de la institución convocante. Al mismo tiempo, se le facilita el plazo concreto para la presentación de solicitud, en aquellos casos en que así se exija.
Andalucía
Extracto de la Orden, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 7.5.2). (BOJA núm. 173, de 8 de septiembre de 2016)
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/173/BOJA16-173-00002-15432-01_00097797.pdf
Plazo: un mes, a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de marzo de 2015, asunto C-534/13, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Autor: J. José Pernas García, Profesor Titular de Derecho administrativo de la Universidade da Coruña
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-534/13
Palabras clave: procedimiento prejudicial; artículo 191 TFUE, apartado 2; Directiva 2004/35/CE; responsabilidad medioambiental; normativa nacional que no prevé que la Administración pueda obligar a los propietarios de los terrenos contaminados que no hayan contribuido a esa contaminación a ejecutar medidas preventivas y reparadoras y establece únicamente la obligación de reembolso de las actuaciones realizadas por la Administración; compatibilidad con los principios de quien contamina paga, de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma
Resumen:
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los principios del Derecho de la Unión en materia medioambiental, en particular, los de quien contamina paga, de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, tal como se establecen en el artículo 191 TFUE, apartado 2, y en los considerandos 13 y
Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, de 15 de octubre de 2010
Autor: Enrique J. Martínez Pérez. Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público de la Universidad de Valladolid
Temas Clave: diversidad biológica; organismos vivos modificados (OVMs); daños ambientales; responsabilidad
Resumen:
El artículo 27 del Protocolo de Cartagena, en vigor desde el 11 de septiembre de 2003, encomendó a la Conferencia de las Partes la adopción de normas y procedimientos internacionales en el ámbito de la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados. La negociaciones se iniciaron en el marco de un Grupo especial de trabajo (integrado por expertos jurídicos y técnicos en la materia) y finalizaron en el seno de un Grupo de los Amigos de los Co-Presidentes sobre responsabilidad y compensación (con una composición restringida de naturaleza gubernamental) durante su cuarta reunión, unos días antes del comienzo de la quinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena (COP/MOP-5) que tuvo lugar del 10 al
Título: “La exigencia de comprobación del nexo causal y la determinación de medidas de reparación en el marco del régimen de responsabilidad de la Directiva 2004/35. Comentario a dos sentencias recientes del TJCE”
Autor: Juan José Pernas García. Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña
Resumen:
El objeto de este breve comentario es analizar brevemente dos sentencias del TJCE de 9 de marzo de 2010, en la que se analizan diferentes cuestiones jurídicas relativas a la aplicación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
La sentencia del asunto C‑378/08 analiza, en primer lugar, si el principio de quien contamina paga puede oponerse a la aplicación de una norma nacional, adoptada en el marco de una Directiva comunitaria. En segundo lugar, el TJCE aborda la cuestión del ámbito de aplicación de la Directiva, ratione temporis y ratione materiae. En tercer lugar, clarifica la exigencia de comprobación del nexo causal para la aplicación de la Directiva a las formas de contaminación difusa, así como para la
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