Decreto Ley 6/2025, de 7 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. IESA-CSIC
Fuente: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 12 de mayo de 2025, n. 10105
Palabras clave: Ruido. Licencia ambiental. Simplificación normativa. Regresión ambiental. Planeamiento urbanístico.
Resumen:
El origen de este tipo de medidas lo encontramos en lo que respecta a los diferentes instrumentos de intervención administrativa ambiental, cuando apenas tienen impacto en cuestiones ambientales y están sujetas dichas actividades a licencia ambiental, en concreto, actividades de uso hospitalario, administrativo, docente y uso residencial, son de carácter esencial y tienen escaso potencial de incidencia ambiental, por lo que el legislador justifica que puedan desarrollarse sin necesidad de ningún acto administrativo previo otorgado por la administración, sustituyéndose el control previo administrativo por un control a partir de que se inicie el ejercicio de la actividad, con el fin de dotar de mayor celeridad el inicio de las correspondientes actividades para atender necesidades fundamentales de la población.
Por otro lado, la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa, ha establecido una ampliación de las entidades que pueden emitir
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de diciembre de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CANT 1020/2024 – ECLI:ES:TSJCANT:2024:1020
Palabras clave: Acceso a la información. La participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve el recurso presentado por WWF/ADENA, mediante el cual se solicita que se reconozca la inactividad de la Administración al no responder a una solicitud de información ambiental formulada el 21 de junio de 2022 y exceder el plazo legalmente establecido para entregar la documentación solicitada. A estos efectos, alega la vulneración el derecho de acceso a la información ambiental recogido en la Ley 27/2006 (arts. 10 y siguientes). A estos efectos, la actora pretende que la sentencia establezca una doctrina que evite la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, según el artículo 3.1 de la Ley 29/2006.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria se opone al recurso, admitiendo el retraso en la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 18 de noviembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª. Ponente: Humberto Herrera Fiestas)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AND 17993/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:17993
Palabras clave: Non bis in idem. Procedimiento sancionador. Derecho administrativo. Derecho penal.
Resumen:
El 22 de julio de 2009, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Almería de la Guardia Civil realizó una inspección en un invernadero de El Ejido, titularidad de un particular, que culminó el 27 de julio de 2009 con una denuncia. En dicha inspección se hallaron productos fitosanitarios que no estaban inscritos en el Registro Oficial de Productos y Materiales Fitosanitarios, entre los cuales se encontraba la sustancia activa benzoato de emamectina, junto con otras sustancias autorizadas, destinadas a un uso indebido en su explotación agrícola. Esta sustancia es potencialmente muy peligrosa para la salud humana, animal o vegetal. Tras el correspondiente análisis por parte de las autoridades, se consideró que los hechos constituían una infracción muy grave según el artículo 56 b) de la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal. Consecuentemente, se inició un
Agricultura:
EZQUERRA HUERVA, Antonio; SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles: propuestas desde el Derecho. A Coruña: Colex, 2025. 312 p.
Alimentación:
EZQUERRA HUERVA, Antonio; SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles: propuestas desde el Derecho. A Coruña: Colex, 2025. 312 p.
Cambio climático:
FORTES MARTÍN, Antonio. El sistema administrativo del clima. Madrid: Dykinson, 2025. 541 p. Disponible en: https://hdl.handle.net/10016/45440 (Fecha de último acceso 03-02-2025).
HALE, Thomas. Long problems: climate change and the challenge of governing across time. Princeton (EE.UU.): Princeton University Press, 2025. 256 p.
Contaminación atmosférica:
VV.AA. Actas del II Congreso Internacional sobre Macrocriminalidad: ‘El desastre lento de la exposición al amianto de las personas y el medioambiente’: 7 y 8 de mayo de 2024, Universidad Pablo de Olavide. A Coruña: Colex, 2025. 208 p.
Derecho ambiental:
CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio; GALÁN VIOQUE, Roberto; MONTOYA MARTÍN, Encarnación. Lecciones de Derecho Administrativo: Volumen III: Regulación económica y Medio Ambiente. Madrid: Tecnos, 2025. 304 p.
VV.AA. MEMENTO PRÁCTICO-Medio Ambiente 2025-2026. Madrid: Lefebvre, 2025. 1150 p.
PÉREZ MARTELL, Rosa. Inteligencia Artificial, justicia y objetivos de desarrollo sostenible. Barcelona: J.M. Bosch, 2025. 350 p.
Economía sostenible:
CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio; GALÁN VIOQUE, Roberto; MONTOYA MARTÍN, Encarnación.
Sentencia 119/2024, del pleno del Tribunal Constitucional (Ponente: Cesar Tolosa Triviño)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador Ramón y Cajal del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. IESA-CSIC. Córdoba
Fuente: Boletín Oficial del Estado, número 264, de 1 de noviembre de 2024
Palabras clave: Caducidad. Concesión administrativa. Dominio público. Demanio. Litoral. Constitución.
Resumen:
El objeto de esta sentencia trata sobre un posible conflicto de competencias. La parte actora es el Gobierno de Canarias e interpone recurso contra la resolución del MITECO de febrero de 2024 en cuanto que la administración general del Estado asume la competencia para declarar la caducidad de una concesión de uso y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre sujeta al régimen jurídico de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
En concreto, el Gobierno de Canarias considera que el precepto controvertido no respeta la distribución de competencias establecida en la Constitución. De manera más precisa, respecto a la posibilidad de obviar las competencias en la «ordenación y gestión del litoral» prevista en el art. 157 b) del Estatuto de Autonomía de Canarias (EACan). Este artículo abarca la función ejecutiva de la gestión de los títulos habilitantes de la ocupación del
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