Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: (BOE n. 308, de 24 de diciembre de 2022)
Palabras clave: Política Agrícola Común. Ayudas. Consumo de energía. Contaminación del suelo. Cooperativas agrarias. Denominaciones de origen. Eliminación de residuos. Energía eléctrica. Explotaciones agrarias. Ganadería. Gas. Industrias. Leche. Plagas. Procedimiento sancionador. Productos fitosanitarios. Regadíos. Sanidad vegetal. Sanidad veterinaria. Subvenciones. Suelo. Transporte de energía. Viñedos.
Resumen:
La presente ley tiene por objeto el establecimiento de las normas básicas y de coordinación para la aplicación en el Reino de España del sistema de gestión de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y otras materias conexas a partir del año 2023, incluyendo las penalizaciones y sanciones a las personas beneficiarias, así como las relativas a determinados sectores agrarios relacionados con la PAC (en el ámbito de la comercialización del aceite de oliva, la producción y comercialización de la leche y los productos lácteos,
Decreto 55/2022 de 19 de diciembre por el que se regula el buceo en las modalidades profesional, extractivo, científico y para fines de servicio público en aguas marítimas y continentales de las Illes Balears
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOIB n. 165, de 20 de diciembre de 2022
Palabras clave: Buceo. Autorizaciones. Acreditación.
Resumen:
El Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo, que deroga el Decreto 2055/1969, establece como modalidades de buceo las siguientes: el recreativo, el deportivo, el profesional, el científico, el extractivo, el militar y el que se lleva a cabo para fines de servicio público.
A raíz de esta clasificación más reciente, este Decreto regulará las modalidades profesionales, extractivas, científicas y para fines de servicio público.
Dado el tiempo transcurrido desde que se dictó la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 21 de junio de 2000, por la que se establecieron las condiciones para el ejercicio del
Ley 7/2022, de 16 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, número 9492, de fecha 19 de diciembre de 2022.
Palabras clave: Desarrollo sostenible. Turismo. Economía circular. Sostenibilidad. Fiscalidad.
Resumen:
El contenido de esta ley está formado por 24 artículos distribuidos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. El título I establecer por primera vez la creación del impuesto valenciano sobre estancias turísticas como un tributo indirecto, instantáneo y propio de la Comunitat Valenciana, y establece la afectación de sus ingresos a la financiación de inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas.
El título II regula los elementos del impuesto a través de cuatro capítulos diferentes. El primer capítulo delimita el hecho imponible, constituido por la estancia que realice el contribuyente en establecimientos turísticos.
El título III contiene las normas de gestión y regula, en primer lugar,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 19 de septiembre de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Pilar Galindo Morell)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 1164/2022 – ECLI:ES:TSJAR:2022:1164
Palabras clave: Energía eléctrica. Energías renovables. Fiscalidad ambiental. Principio “Quien contamina paga”.
Resumen:
Se interpone recurso contencioso administrativo por parte de una mercantil contra la resolución de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, de fecha 24 de febrero de 2020, por la que se desestima la reclamación económica-administrativa interpuesta contra la resolución del Jefe de Servicio de Administración Tributaria que había desestimado la solicitud de rectificación de autoliquidaciones relativas al Impuesto Medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada, concernientes a la instalación hidroeléctrica de Seira (embalse de Vilanova).
De este modo, el pleito gira sobre la propia legalidad de este impuesto medioambiental, regulado en el Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 26 de julio de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Jesús Rivera Fernández)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ AND 10323/2022 – ECLI:ES: TSJAND: 2022:10323
Palabras clave: Minería. Concesión. Prórroga. Red Natura 2000. Plan de restauración. Principio de igualdad.
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso-administrativo formulado por la mercantil “Clariant Ibérica Producción, S.A.” contra la Resolución de 9 de enero de 2017 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, por la que se otorga una primera prórroga de 30 años a la concesión de explotación denominada “Ampliación Segundo Nobel”, situada en el término municipal de Níjar (Almería).
La recurrente solicita la modificación del condicionado que se considera cláusula resolutoria para la concesión de la prórroga, en el sentido de que se otorgue la explotación de las 67 hectáreas de yesos incluidas en la zona declarada inviable por la Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 5 de agosto de
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