Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 2 de octubre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eulalia Martínez López)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CLM 2506/2020 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2020: 2506
Palabras clave: Agricultura. Aves. Biodiversidad. Especies amenazadas. Fauna. Responsabilidad patrimonial. Responsabilidad por daños.
Resumen:
Una mercantil interpuso, a 12 de abril de 2018, recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de fecha 08 de febrero de 2018, desestimatoria del recurso de reposición frente a la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 8 de julio de 2016, y de la reclamación de responsabilidad patrimonial. La mercantil solicita la anulación de la resolución desestimatoria y se reconozca su derecho a una indemnización de 40.037,98€ por los daños y perjuicios causados. En el caso de autos, queda acreditado que la actora solicitó a la Administración, en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 20 de noviembre de 2020, Sección 1, (Ponente: José Matías Alonso Millán)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3923/2020 – ECLI: ES: TSJCL:2020:3923
Palabras clave: Planeamiento urbanístico. Suelo urbanizable. Suelo rústico con protección natural. Urbanismo. Ordenación del territorio. Red Natura 2000. “Sierra de Guadarrama”. Motivación. Memoria Vinculante. Interés público. Protecciones territoriales y sectoriales. Informe de telecomunicaciones. Información. Propietarios. Personas interesadas.
Resumen:
La Sala resuelve el recurso contencioso-administrativo formulado por un particular frente a la Orden FYM/338/2019, de 25 de marzo de 2019, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba definitivamente la modificación núm. 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Palazuelos de Eresma (Segovia), relativa al sector de suelo urbanizable “Gamones”.
Es parte demandada la Junta de Castilla y León; y codemandada la Asociación Ecologistas en Acción de Segovia.
La cuestión controvertida se ciñe básicamente al contenido
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de noviembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: Carlos Damián Vieites Pérez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 12936/2020 – ECLI: ES:TSJM:2020:12936
Palabras clave: Agricultura. Productos fitosanitarios. Comercialización. Salud. Sanidad vegetal. Medio ambiente. Principio de precaución.
Resumen:
El presente recurso contencioso-administrativo trae causa de la Resolución de fecha 11 de marzo de 2019 de la Secretaría General Técnica dictada por delegación del Secretario General de Agricultura y Alimentación, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por un particular contra la Resolución de 12 de julio de 2018 de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, que a su vez desestimó la solicitud de autorización de comercialización del producto fitosanitario Granet Extra.
La recurrente considera que no se han tenido en cuenta las alegaciones que formuló al Informe de Toxicología obrante en el expediente, por lo que se ha vulnerado el principio de contradicción y de garantía del derecho de defensa de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 30 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eulalia Martínez López)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CLM 2299/2020 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2020: 2299
Palabras clave: Gestión de residuos. Residuos. Residuos peligrosos. Salud. Sustancias peligrosas.
Resumen:
El supuesto de autos tiene su origen en una serie de Resoluciones de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en relación con las parcelas de unos particulares contaminadas con restos de fibrocemento. De entre los hechos aceptados por la Sala, destaca el conocimiento por parte de los titulares de dichas parcelas, de la existencia de los residuos en el momento de adquirirlas y su procedencia de una mercantil cuya actividad cesó en 2002.
La primera Resolución, de 23 de septiembre de 2016, estableció la obligación a los propietarios de la parcela de retirada de restos de fibrocemento, residuos peligrosos debido a su
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 5 de noviembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Ángel Gollonet Teruel)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 14708/2020 – ECLI: ES:TSJAND:2020:14708
Palabras clave: Instalaciones radioeléctricas. Competencias. Telecomunicaciones. Consulta pública. Informes. Ministerio de Industria. Planificación territorial y urbanística. Autorizaciones. Emisiones radioeléctricas.
Resumen:
La Sala se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo formulado por la mercantil Telefónica Móviles España SAU contra la Ordenanza Municipal de Instalaciones Radioeléctricas, aprobada por la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya (Granada) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 148, de 6 de agosto de 2019.
La parte demandante solicita que se declare la nulidad de la Ordenanza y alega a tal efecto que la misma está viciada de nulidad al no haber un procedimiento de consulta pública, ni haberse solicitado el informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía (anteriormente Ministerio de Industria) de acuerdo con el artículo 35 de la Ley
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