Sentencia 76/2022, de 18 de julio de 2022, del pleno del Tribunal Constitucional (Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial del Estado de fecha 18 de julio de 2022, número 171
Palabras clave: Silencio administrativo. Licencia ambiental. Control ambiental. Evaluación de impacto ambiental.
Resumen:
El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante, debido a una cuestión planteada en su jurisdicción, es el órgano que promueve la presente cuestión de inconstitucionalidad. El objeto del proceso el art. 60.2 de la Ley de las Corts Valencianes 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana (en adelante, Ley 6/2014), por posible infracción de los apartados 23 y 18 del art. 149.1 CE. El art. 60 de la citada ley regula los plazos de resolución y notificación de la licencia ambiental que se define en el art. 4.12 de la citada ley, y que se regula en su título III. En su apartado primero dispone que el plazo máximo para resolver y notificar la licencia ambiental será de seis meses, a
Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de junio de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STS 2544/2022 – ECLI:ES:TS: 2022:2544
Palabras clave: Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Asignación gratuita. Generador de electricidad. Cogeneración de alta eficiencia. Venta de electricidad. Plazos.
Resumen:
El Alto Tribunal se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Minera de Santa Marta, S.A. contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021, por el que se aprueba la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2021-2025 y para cada año a cada instalación.
La recurrente considera que el cálculo de la asignación gratuita se ha efectuado sobre una premisa errónea -la de atribuir a la planta la condición de “generador de energía eléctrica” a los efectos de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de mayo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ana Irurita Diez de Ulzurrun)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 302/2022 – ECLI:ES:TSJNA:2022:302
Palabras clave: Acceso a la justicia. Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus). Declaración de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Participación. Procedimiento administrativo. Clasificación de suelos. Ordenación del territorio. Planeamiento urbanístico. Urbanismo.
Resumen:
Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Orden Foral 101E/2021 de 27 de abril de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se inadmite el recurso de alzada interpuesto contra Resolución 1470E/2020, de 28 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental de cuatro parques eólicos El Montecillo”, “La Senda”, “Corral del Molino II” y “Volandin”, en Corella, Tudela, Fontellas y Ablitas.
Cabe indicar, de forma previa, que la recurrente en ningún momento denominó a su primer escrito como recurso de alzada, sino que lo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 10 de mayo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Alberto Gómez García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 1339/2022- ECLI:ES:TSJAS:2022:1339
Palabras clave: Evaluación Ambiental. Evaluación de Impacto Ambiental. Espacios Protegidos. Lugar de Interés Comunitario (LIC). Red Natural 2000. Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve la impugnación de la Resolución del Director de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de 3 de septiembre de 2019, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto frente a otra Resolución, de 19 de diciembre de 2018, que denegó la autorización solicitada por la ahora actora para modificar las características de la concesión administrativa de una central eléctrica sita en una zona en la que confluyen distintos ríos. El quid del asunto radica en resolver si la presa y las instalaciones asociadas a la obra pueden considerarse aisladamente o si forman parte de un todo.
La Sala reconoce a la Confederación Hidrográfica del Norte como órgano sustantivo (art. 24 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de julio de 2022 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2001/18, el Reglamento 1829/2003, sobre la liberación intencional en el ambiente de organismos modificados genéticamente, en conexión con el Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, asunto C‑24/21, ECLI:EU:C:2022:526
Palabras clave: Organismos modificados genéticamente. Piensos. Liberación. Prohibición
Resumen:
El Tribunal Ordinario de Pordenone (Italia) plantea dos cuestiones al Tribunal de Justicia en el marco del litigio planteado entre la mercantil titular de una explotación agrícola sancionada con multa de 5.000 euros por cultivar maíz modificado genéticamente (variedad “MON 810”, autorizada por la Comisión Europea en 1998 ) y la Administración regional que impuso la sanción basándose en una norma regional que prohibía cultivar maíz genéticamente modificado en toda la región (Región Autónoma de Friul-Venecia Julia).
El órgano judicial quería saber, en primer lugar, si dicha prohibición era compatible con la Directiva 2001/18, interpretada a la luz del Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y con las Directrices de la Comisión
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