Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 24 de noviembre de 2016, asunto C-461/14, por el que se resuelve recurso de incumplimiento contra el Reino de España en relación con las Directivas de evaluación ambiental y de hábitats
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-461/14
Temas clave: Hábitats, Zonas de especial protección de las aves y de especial conservación, Red Natura 2000, incumplimiento
Resumen:
A raíz de una denuncia presentada en febrero de 2010 en relación con el proyecto de construcción de una nueva línea férrea de alta velocidad entre Sevilla y Almería, la Comisión envió, el 17 de junio de 2011, un escrito de requerimiento al Reino de España en el que sostenía que había incumplido las Directivas de EIA, sobre aves y sobre los hábitats. Dicha denuncia se acompañaba de un informe de afecciones potenciales de las obras del eje ferroviario transversal de Andalucía a su paso por la ZPE «Campiñas de Sevilla».
La Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Juan Carlos Trillo Alonso)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 4763/2016 – ECLI:ES:TS:2016:4763
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial; Relación de causalidad; Estudio de impacto ambiental; Distancias mínimas; Confianza legítima; Central térmica
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por Morata Energía, S.L. contra la sentencia de 10 de junio de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta. Esta Sentencia resolvía el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha entidad mercantil contra la desestimación por silencio, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de la solicitud indemnizatoria formulada en concepto de responsabilidad patrimonial, fundamentada en la anulación –por sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de diciembre de 2009, confirmada posteriormente por la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2012–, de la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 171/2016, de 6 de octubre de 2016 (Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 276, de 15 de noviembre de 2016
Temas Clave: Eficiencia energética; Cogeneración de alta eficiencia; Funciones ejecutivas; Autorización de instalaciones eléctricas; Evaluación y análisis
Resumen:
El Pleno del Tribunal Constitucional examina a través de este proceso constitucional el conflicto de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el art. 13 y disposiciones finales primera y cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (RD), por el que se transpone la Directiva 2012/27/21/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña considera que el Estado se ha excedido en su competencia para la fijación de las bases del régimen energético (art. 149.1.25 CE), lo que se traduce en un menoscabo de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Isabel Hernández Pascual)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CAT 8231/2016 – ECLI:ES:TSJCAT:2016:8231
Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociación contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, de 4 de marzo de 2010, a través del cual se aprueba definitivamente el Plan Especial de Desarrollo y Mejora del Parque Agrario de Sabadell. De igual modo, el recurso alcanza indirectamente al Plan General de Ordenación Urbana de Sabadell y diversas modificaciones del mismo, en lo concerniente a determinaciones relativas al ámbito espacial del Plan Especial recurrido.
Entre las determinaciones de este Plan Especial, se encuentra la calificación de suelos circundantes de la ciudad de Sabadell como Sistema Parque Periurbano, Sistema Parque Agrícola y como Sistema Conector Ambiental.
En cuanto al contenido del escrito de demanda, son variados los motivos planteados por la parte recurrente a fin de sostener su petición de nulidad del instrumento objeto de controversia. Así, se hallan
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 17 de noviembre de 2016, asunto C-348/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación de la Directiva de evaluación de impacto ambiental de proyectos
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-348/15
Temas clave: Evaluación de impacto ambiental, proyectos, ámbito de aplicación, acto legislativo
Resumen:
La cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1 de la Directiva EIA y de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. La cuestión deriva de un litigio entre ciudad de Wiener Neustadt, Austria y el Gobierno del Land de Baja Austria, en relación con la legalidad de la decisión por la que éste declaró que debía considerarse autorizada la explotación de una planta de tratamiento de combustibles de sustitución en la que básicamente se trituran residuos de plástico hasta reducirlos a un tamaño que permite emplearlos como combustible industrial de sustitución, principalmente utilizado en la industria cementera.
La autorización de su ampliación se concedió sin haberla sometido a previa evaluación de impacto.
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