3 May 2011

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Commentary: “Environmental Sustainability And Administrative Law: A New Solution To The Economic Crisis Or A Constitutional Requirement? With Reference To The New Spanish Sustainable Economy Act (Ley De Economía Sostenible)”

Title: “Environmental Sustainability And Administrative Law: A New Solution To The Economic Crisis Or A Constitutional Requirement? With Reference To The New Spanish Sustainable Economy Act (Ley De Economía Sostenible)”

Author: Francisco Javier Sanz Larruga, Professor of Administrative Law of University of A Coruña (Spain)

Reception date: April 21st, 2011

Acceptance date: April 29th, 2011

Abstract:

The successful formulation of the sustainability paradigm – in its many aspects: environmental, social and economic- spreading in many programmatic and strategic documents of international organizations and national governments carried out in the context of the present economic crisis, sets out important problems of legal interpretation when it comes to introducing them uncritically in standard-setting instruments.

Sustainable development is not a mere conceptual resource derived from the new trends on environmental economy but a real legal principle that can be translated into important requirements and mandates aimed to the rational use of natural resources and its protection on the future generations.

If the aim is to achieve efficiently these objectives, the reception of the sustainability criteria – or at least the environmental ones- in the legal system

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18 April 2011

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Commentary: “Decisive Boost In The Consolidation Of A Responsible Public Procurement. Green Contracts: From Ability To Obligation”

Title: “Decisive Boost In The Consolidation Of A Responsible Public Procurement. Green Contracts: From Ability To Obligation

Author: Patricia Valcárcel Fernández, Adjoint Doctor Professor of Administrative Law of University of Vigo

Reception date: March 28th, 2011

Acceptance date: April 4th, 2011

Abstract:

The concern about environmental protection is a target that has made its way into different policies and actions promoted by the EU. Community regulations enacted in order to gradually harmonize public procurement procedures have also followed this tendency. In any case, taking into account that the individuals included in EU law scope are the main consumers in the great internal market, the integration of environmental criteria into public procurement procedures will constitute one of the best ways to implement the environmental principle of prevention.

4 April 2011

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Comentario jurisprudencial. “Control integrado de la contaminación: sobre la sentencia del TSJ del País Vasco de 1 de febrero de 2011 (Asunto Térmica de Pasaia) y del Juzgado N. 4 de lo Contencioso-administrativo de Bilbao de 12 de enero de 2001 (Asunto Petronor)”

Título: “Control integrado de la contaminación: sobre la sentencia del TSJ del País Vasco de 1 de febrero de 2011 (Asunto Térmica de Pasaia) y del Juzgado N. 4 de lo Contencioso-administrativo de Bilbao de 12 de enero de 2001 (Asunto Petronor)”

Autor: Agustín García Ureta, Catedrático de Derecho administrativo, Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea

Fecha de recepción: 10/ 03 / 2011

Fecha de aceptación: 25 / 03 / 2011

Resumen:

La aplicación de la normativa relativa al control integrado de la contaminación está dando paso a una serie de pronunciamientos judiciales de interés. Algunos de ellos se han producido en el ámbito del Tribunal Supremo (v.g., STS 1 de diciembre de 2009). Otros, quizás más desapercibidos, se están sucediendo en otros niveles, pero no por ello pueden resultar de escaso interés. A continuación se examinan dos sentencias en relación con dos plantas sujetas a dicho sistema. Por una parte, una central térmica ubicada en Pasaia (Gipuzkoa) y, por otra, una refinería de petróleo que afecta a las localidades de Muskiz, Zierbena, y Abanto-Zierbena (Bizkaia).

Palabras clave: prevención y control integrados de la contaminación (IPPC); autorización

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17 June 2010

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Comentario Jurisprudencial. “Plus de penosidad por ruido en el puesto de trabajo”

Título: “Plus de penosidad por ruido en el puesto de trabajo”

Autora: Eva Blasco Hedo. Investigadora y responsable del Centro de Formación CIEDA – CIEMAT

Fecha de recepción: 28/ 05 / 2010

Fecha de aceptación: 11 / 06 / 2010

Resumen:

El objeto de este estudio se ciñe al análisis del cambio de rumbo adoptado por la Doctrina del Tribunal Supremo en relación con el derecho de los trabajadores a la percepción del complemento de penosidad derivado de ruido en el puesto de trabajo, en función de que las mediciones se efectúen con o sin protectores auditivos. O lo que es lo mismo, si el plus de penosidad por ruido tienen derecho a percibirlo los trabajadores cuando el puesto de trabajo está sometido a un nivel acústico superior a 80 decibelios, sin tener en cuenta los protectores auditivos de que disponen. O si por el contrario, sólo tendrán derecho a percibirlo cuando con dicha protección individual el nivel de ruido supere los 80 o los 87 decibelios.

Palabras Clave:

Tribunal Supremo, Tribunal superior de justicia de las Comunidades europeas, Contaminación acústica, Protección frente a riesgos laborales, Plus de penosidad derivado

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30 April 2010

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Comentario.”Polémica en torno a la condena en costas en los casos medioambientales planteados en el Reino Unido”

Autora del Comentario: Montse Valencia León, asesora jurídica de Amigos da Terra y miembro de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental.

Hace unos meses, vio la luz una Sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena en costas impuesta a dos asociaciones ecologistas que denunciaron y sostuvieron la acusación contra quienes entendían que podían ser causantes de la probada contaminación del Río Segura a su paso por Orihuela y hasta su desembocadura en Guardamar. Los miembros de estas asociaciones actuaron movidos por el interés común de procurar para todos -incluso para quienes contaminan- un entorno habitable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Las costas ascendían a más de 30.000 euros.

En relación a este caso, como a otros en los que se impone el pago de costas a asociaciones ecologistas que en muchas ocasiones tienen que desistir de continuar el proceso ante la imposibilidad del pago de las mismas, en Reino Unido se ha llevado a debate precisamente esta situación, con el fin de que dicha imposición se elimine y así, poder ejercitar el acceso a la justicia medioambiental que promueve el Convenio de Aarhus.

Un Juez Decano ha

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