Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 16 de mayo de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2 Ponente: Luis Alberto Gómez García)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AS 1414/2025 – ECLI: ES:TSJAS:2025:1414
Palabras clave: Energías renovables. Urbanismo. Competencias. Autorizaciones y licencias.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso interpuesto por una empresa contra la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Boal, relativo a la denegación de la autorización administrativa en materia de urbanismo para el parque eólico “Xugus”, en Boal (Expediente PE-106).
La recurrente impugna la resolución desestimatoria de su recurso de reposición frente al acuerdo mediante el que se archivó el procedimiento de autorización del parque eólico debido a un informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Boal. Alega que dicho informe no existe formalmente, puesto que el Ayuntamiento únicamente manifestó su voluntad política, sin emitir un informe técnico urbanístico, requisito exigido por el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos en el Principado de Asturias. En cualquier caso —sostiene— la CUOTA sí emitió un
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2 Ponente: Luis Alberto Gómez García)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AS 1276/2025 – ECLI: ES:TSJAS:2025:1276
Palabras clave Derechos Humanos. Ruido. Contaminación.
Resumen:
El pronunciamiento analizado resuelve el recurso interpuesto por una particular contra la Dirección de Carreteras del Estado en Asturias, solicitando la instalación de una pantalla acústica para proteger su vivienda de los ruidos generados por la Autovía A-8, P.K.
La recurrente alega que la vivienda, residencia habitual de una persona de avanzada edad, sufre niveles de ruido superiores a 65 dB(A), lo que supone una vulneración de los derechos fundamentales constitucionales (artículos 15 y 18 CE) y de la normativa sectorial aplicable. A estos efectos, presenta un informe pericial acreditativo de los niveles de ruido persistentes y superiores a los límites legales tanto de día como de noche. La Administración se opone, argumentando que el Plan de Acción contra el Ruido del Ministerio de Fomento no incluye la zona afectada como “zona de actuación”.
La Sala, con base en la Constitución Española (arts. 15,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 9 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 3 Ponente: María José Pereira Maestre)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 6922/2025 – ECLI: ES:TSJAND:2025:6922
Palabras clave Responsabilidad medioambiental. Acceso a la información ambiental. Participación.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso presentado por dos mercantiles contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Sevilla (procedimiento 60/2022), en relación con la Resolución nº 792/2021 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que estimó la reclamación formulada por una particular, en nombre propio y de la plataforma “Coín Salva tu Sierra”, contra la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Málaga, instando la entrega de la información solicitada.
Las empresas apelantes alegaron la falta de legitimación pasiva de la plataforma ciudadana y de la particular, así como la falta de competencia del Consejo de Transparencia, argumentando que la información requerida tenía naturaleza medioambiental y debía regirse por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 7 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2 Ponente: Daniel Prieto Francos)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AS 1127/2025 – ECLI: ES:TSJAS:2025:1127
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial de la Administración. Fauna.
Resumen:
La Sentencia de autos resuelve el recurso ordinario nº 152/2023, presentado por una particular contra la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias por responsabilidad patrimonial, tras sufrir daños personales por el ataque de un oso pardo el 30 de mayo de 2021 en Cangas del Narcea. La Administración inadmitió la reclamación inicial, alegando falta de legitimación y nexo causal, considerando el ataque como fenómeno imprevisible.
La Sala, a la luz del artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza (artículo 38.b), concluye que el Principado debe responder objetivamente por daños causados por fauna silvestre protegida, como el oso pardo, al no existir deber jurídico de soportarlos por parte de los particulares.
La Sala rechaza la exoneración por fuerza mayor,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de marzo de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 4 Ponente: Beatriz Galindo Sacristán)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 4375/2025 – ECLI: ES:TSJAND:2025:4375
Palabras clave: Aguas. Dominio Público Hidráulico. Suelos. Protección ambiental.
Resumen:
El litigio de autos trae causa de la Resolución del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Loja, de 10 de agosto de 2020, que ordenó el restablecimiento y reposición al estado originario de una parcela en la localidad de Riofrío, tras la realización de unas obras sin la preceptiva autorización administrativa. En concreto, i) un muro perimetral de bloques de hormigón de 3 metros de altura y 17 metros de longitud, ubicado en zona de policía y servidumbre de cauce; ii) una escollera de piedra y hormigón en dominio público hidráulico del arroyo Salado, con 10 metros de longitud, 1,5 metros de ancho y 1 metro de altura; y iii) relleno de la parcela para elevarla respecto de las parcelas colindantes.
Esta resolución se impugnó en sede judicial, sobre la cual recayó la sentencia de 11 de febrero de
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