Se aprueba el Plan estratégico de la Dirección General de los Agentes Rurales para el período 2026-2030 en Cataluña
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC núm. 9618 de 5 de marzo de 2026
Palabras clave: Desarrollo rural. Gestión ambiental.
Resumen:
Mediante el Acuerdo GOV/45/2026, de 3 de marzo, se aprueba el Plan estratégico de la Dirección General de los Agentes Rurales para el período 2026-2030.
Este plan, que da continuidad al anterior, correspondiente al período 2019-2024, persigue reforzar el papel del Cuerpo de Agentes Rurales en la protección medioambiental, adaptándose a nuevos retos como la masificación de los espacios naturales y el cambio climático, factores que incrementan el riesgo de incendios y la siniestralidad vial asociada a la fauna cinegética.
El plan se articula en cinco ejes de actuación y prevé una inversión de 96.792.507 euros. Su despliegue se encomienda a los departamentos de la Presidencia, de Economía y Finanzas, y de Interior y Seguridad Pública, y se autoriza a la consejera competente para coordinar su ejecución.
Enlace web: Acuerdo GOV/45/2026, de 3 de marzo, en relación con el Plan estratégico de la Dirección General de los Agentes
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 25 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Edilberto José Narbón Lainez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 3810/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025:3810
Palabras clave: Energías renovables. Medidas cautelares.
Resumen:
El pronunciamiento analizado resuelve el recurso de apelación interpuesto por una mercantil dedicada a la explotación de instalaciones agropecuarias y piscícolas, así como a la distribución de los productos obtenidos, contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante, que denegó la medida cautelar de suspensión del Decreto n.º 2024/0100 de la Alcaldía de Salinas, relativo a la concesión de licencia urbanística para la instalación de la planta de energía solar fotovoltaica FV Argos, solicitada por otra mercantil que opera en el sector energético.
La apelante alega la afección a fincas rústicas protegidas, a la actividad de enoturismo de la Finca Collado y la incompatibilidad de la ubicación de la planta con zonas LIC y ZEPA. La planta fotovoltaica ocuparía 1.874.450 m² y tendría una potencia instalada de 84,0 MW.
El Tribunal analiza los intereses en conflicto, el periculum in mora y el
Decreto 5/2026, de 17 de marzo, por el que se modifica el Decreto 127/2019, de 12 de noviembre, por el que se declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOR nº 54, de 19 de marzo de 2026
Palabras clave: Aguas. Contaminación. Vulnerabilidad ambiental.
Resumen:
El Decreto 5/2026, de 17 de marzo, modifica el Decreto 127/2019 sobre la declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Este decreto se inserta en el marco jurídico previsto por la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, transpuesta al derecho español mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, posteriormente derogado y actualizado por el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero,
Se declara la Zona Especial de Conservación de Sierra Espuña, y se aprueban los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BORM núm. 52 de 4 de marzo de 2026
Palabras clave: Espacios protegidos. Planificación. Zona Especial de Conservación.
Resumen:
Se ha publicado el Decreto 6/2026, de 12 de febrero, por el que se declara como Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Sierra Espuña (código ES0000173) y se aprueban los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras.
La norma desarrolla el marco europeo y estatal de conservación de hábitats y aves y, en este contexto, establece medidas de protección y de gestión coordinada para estos espacios, en cumplimiento de la Red Natura 2000 y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En cuanto a su estructura, la parte dispositiva del Decreto se compone de 13 artículos. En primer término, delimita y declara los espacios afectados y aprueba
Sentencia del TEDH de 3 de marzo de 2026, Asunto Tishkina contra Bulgaria
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Palabras clave: Derechos Humanos. Evaluación ambiental. Minería. Propiedad privada. Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve la demanda interpuesta por una ciudadana búlgara a raíz de la inacción de las autoridades nacionales, que no adoptaron medidas razonables para proteger su vivienda frente a daños estructurales irreparables causados por terceros dedicados a la minería ilegal de carbón en Pernik.
En esencia, la demandante sostiene que, pese a las múltiples quejas formuladas por ella y por su madre entre 2011 y 2015, las autoridades no llevaron a cabo una evaluación integral del fenómeno ni gestionaron adecuadamente los riesgos. A ello se sumaba la falta de claridad acerca de qué organismos eran competentes para intervenir y de qué contramedidas debían adoptarse. A estos efectos, invoca el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al respeto del domicilio, y, en conexión con este, el artículo 13, sobre el derecho a un recurso efectivo a nivel nacional, y el artículo 1 del Protocolo Adicional, relativo al derecho
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