Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 marzo de 2023 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre las Directivas 2001/42, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (arts. 2 y 3); y, 2011/92, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (art. 3.1)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Séptima, asunto C‑9/22, ECLI:EU:C:2023:176
Palabras clave: Evaluación ambiental. Evaluación estratégica. Concepto de planes y Programas. Plan urbanístico. Directrices. Proyectos.
Resumen:
El Tribunal Supremo de Irlanda planteó varias cuestiones al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Derecho europeo en el marco del proceso de impugnación de la autorización otorgada por la Agencia de ordenación del Territorio para un proyecto de construcción de viviendas residenciales en Dublín. Los recurrentes pretendían la anulación del proyecto urbanizador así como del art. 28 de la Ley de Ordenación y Desarrollo Urbanístico (2000), que faculta al Ministro para dictar directrices de ordenación dirigidas a las autoridades urbanísticas. Alegaban, esencialmente,
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de marzo de 2023 (cuestión prejudicial de interpretación), sobre las Directivas 2010/75/UE, de emisiones industriales (arts. 15.4 y 18); y, 2008/50/UE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (arts. 13 y 23): las excepciones puntuales concedidas en los permisos al cumplimiento de los valores limite de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles deben tener en cuenta las normas de calidad ambiental y no pueden concederse si en la zona se vulneran dichas normas
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala segunda, asunto C‑375/21, ECLI:EU:C:2023:173
Palabras clave: Emisiones industriales. Prevención y control integrados de la contaminación. Mejores técnicas disponibles. Valores límite de emisión. Excepción. Normas de calidad ambiental. Planes de calidad del aire. Dióxido de azufre (SO2). Central termoeléctrica.
Resumen:
El Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo de Bulgaria suspendió el proceso que fiscalizaba -en segunda instancia- sobre la actualización del permiso de funcionamiento de una instalación sometida a la Directiva de emisiones
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2 de marzo de 2023: Polonia ha incumplido las Directivas 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (arts. 6; 12.1; 13.1.a y 16.1); y, 2009/47, relativa a la conservación de las aves (arts. 4. 1, 5 y 9. 1), en conexión con el Convenio de Aarhus, debido a que la legislación de bosques establece que el cumplimiento de las exigencias de buenas prácticas en materia de gestión forestal no vulnera las disposiciones sobre la conservación de recursos, formaciones y componentes naturales y por no garantizar la posibilidad de las asociaciones ambientales de impugnar judicialmente los planes de gestión forestal
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, asunto C‑432/21, ECLI:EU:C:2023:139
Palabras clave: Gestión forestal. Hábitats. Aves. Convenio de Aarhus. Acceso a la justicia. Asociaciones ambientales.
Resumen:
La Comisión cerró, en 2011, el procedimiento EU Pilot iniciado contra Polonia debido a las soluciones propuestas por las autoridades polacas frente a la exención, prevista
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de septiembre de 2022 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre los Reglamentos 338/97, del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (art. 8. 3, letra d); y, 865/2006, de la Comisión (arts. 1. 3 y 54), por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 338/97: el “plantel reproductor” de especímenes de especies amenazadas nacidos y criados en cautividad no incluye los abuelos pero el control de la ascendencia a efectos de autorizar la comercialización de estos especímenes puede proyectarse sobre aquéllos
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, asunto C‑659/20, ECLI:EU:C:2022:642
Palabras clave: Flora y fauna. Especies amenazadas. Comercio. Guacamayo jacinto. Especies criadas en cautividad. Plantel reproductor. Derecho de propiedad. Confianza legítima.
Resumen:
El Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Checa eleva al Tribunal de Justicia cuestión prejudicial en el proceso judicial iniciado por un criador contra la denegación de la solicitud de
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de julio de 2022 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2001/18, el Reglamento 1829/2003, sobre la liberación intencional en el ambiente de organismos modificados genéticamente, en conexión con el Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, asunto C‑24/21, ECLI:EU:C:2022:526
Palabras clave: Organismos modificados genéticamente. Piensos. Liberación. Prohibición
Resumen:
El Tribunal Ordinario de Pordenone (Italia) plantea dos cuestiones al Tribunal de Justicia en el marco del litigio planteado entre la mercantil titular de una explotación agrícola sancionada con multa de 5.000 euros por cultivar maíz modificado genéticamente (variedad “MON 810”, autorizada por la Comisión Europea en 1998 ) y la Administración regional que impuso la sanción basándose en una norma regional que prohibía cultivar maíz genéticamente modificado en toda la región (Región Autónoma de Friul-Venecia Julia).
El órgano judicial quería saber, en primer lugar, si dicha prohibición era compatible con la Directiva 2001/18, interpretada a la luz del Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y con las Directrices de la Comisión
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