Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de diciembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª. Ponente: José Manuel Izquierdo Salvatierra)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid. Asesora y consultora jurídico-ambiental
Fuente: ROJ: STSJ AND 19253/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:19253
Palabras clave: Energías renovables. Evaluación ambiental. Autorizaciones y licencias.
Resumen:
En el caso de autos, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Española de Ornitología “SEO-BirdLife” contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Cádiz, relativa a la autorización administrativa para un proyecto de repotenciación de un parque eólico en Tarifa (Cádiz).
La apelante sostiene que la sentencia de instancia adolece de falta de motivación y que contiene errores en la valoración de la prueba, así como omisiones sustanciales en el procedimiento de evaluación ambiental. Igualmente, alega que el fallo no responde de manera adecuada a los argumentos planteados en su recurso.
No obstante, el Tribunal ad quem considera que la resolución del juzgador a quo sí cumple con el deber de motivación, proporcionando una respuesta suficiente a las pretensiones del recurrente y valorando correctamente las pruebas aportadas, por lo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de noviembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª. Ponente: Santiago Macho Macho)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid. Asesora y consultora jurídico-ambiental
Fuente: ROJ: STSJ AND 19483/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:19483
Palabras clave: Fiscalidad ambiental. Hidrocarburos. Energía. Principio de legalidad.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) y un acuerdo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), relacionados con una serie de solicitudes para rectificar las autoliquidaciones del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH) en los periodos de enero a diciembre de 2013, enero a junio de 2014 y enero a abril de 2016.
La parte recurrente argumenta que durante los periodos mencionados soportó cuotas del IEH por un total de 756.029,13 euros, repercutidas por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. Tras considerar que estas autoliquidaciones perjudicaban sus intereses legítimos, presentó una solicitud de devolución de ingresos indebidos ante la AEAT en junio de 2020. Sin embargo, la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Málaga desestimó esta solicitud en agosto de 2020, lo que llevó
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 18 de noviembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª. Ponente: Humberto Herrera Fiestas)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AND 17993/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:17993
Palabras clave: Non bis in idem. Procedimiento sancionador. Derecho administrativo. Derecho penal.
Resumen:
El 22 de julio de 2009, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Almería de la Guardia Civil realizó una inspección en un invernadero de El Ejido, titularidad de un particular, que culminó el 27 de julio de 2009 con una denuncia. En dicha inspección se hallaron productos fitosanitarios que no estaban inscritos en el Registro Oficial de Productos y Materiales Fitosanitarios, entre los cuales se encontraba la sustancia activa benzoato de emamectina, junto con otras sustancias autorizadas, destinadas a un uso indebido en su explotación agrícola. Esta sustancia es potencialmente muy peligrosa para la salud humana, animal o vegetal. Tras el correspondiente análisis por parte de las autoridades, se consideró que los hechos constituían una infracción muy grave según el artículo 56 b) de la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal. Consecuentemente, se inició un
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de noviembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª. Ponente: Antonio Manuel de la Oliva Vázquez)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AND 17991/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:17991
Palabras clave: Infraestructuras hidráulicas. Planificación hidrológica. Principio de legalidad. Seguridad jurídica.
Resumen:
El objeto del recurso contencioso-administrativo resuelto en el caso de autos es la resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua del 5 de diciembre de 2020, que aprueba el proyecto de construcción de la Agrupación de Vertidos de Jete, Otívar y Lentejí. La recurrente, una particular propietaria de terrenos afectados, alega que la resolución vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, ya que no se justificaron adecuadamente las razones para optar por la agrupación de vertidos en lugar de construir estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en cada municipio. Argumenta que la Administración se apartó de un acuerdo previo de 2010 que declaraba de interés la construcción de EDAR y colectores en Lentejí y Otívar. La recurrente invoca los principios de buena fe y confianza legítima, según el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de noviembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª. Ponente: María José Pereira Maestre)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AND 18380/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:18380
Palabras clave: Registro de aguas. Aprovechamiento de aguas públicas. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sobreexplotación de acuíferos.
Resumen:
El objeto del procedimiento es la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que desestima el recurso de reposición interpuesto contra una resolución de 16 de marzo de 2021. Dicha resolución deniega la inscripción de un aprovechamiento de aguas en la Sección B del Registro de Aguas, argumentando que la captación se encuentra en el acuífero Sevilla-Carmona, declarado provisionalmente sobreexplotado desde 1992.
La recurrente, propietaria de una finca en Carmona, había comunicado el uso privativo de aguas públicas para riego y abastecimiento, amparándose en el artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001. Sin embargo, la Confederación aplicó el artículo 171 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que permite la suspensión de derechos en acuíferos sobreexplotados. Esta parte argumenta que la Confederación no ha cumplido con sus obligaciones de constituir una comunidad de usuarios ni de
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