Sentencia 76/2022, de 18 de julio de 2022, del pleno del Tribunal Constitucional (Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial del Estado de fecha 18 de julio de 2022, número 171
Palabras clave: Silencio administrativo. Licencia ambiental. Control ambiental. Evaluación de impacto ambiental.
Resumen:
El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante, debido a una cuestión planteada en su jurisdicción, es el órgano que promueve la presente cuestión de inconstitucionalidad. El objeto del proceso el art. 60.2 de la Ley de las Corts Valencianes 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana (en adelante, Ley 6/2014), por posible infracción de los apartados 23 y 18 del art. 149.1 CE. El art. 60 de la citada ley regula los plazos de resolución y notificación de la licencia ambiental que se define en el art. 4.12 de la citada ley, y que se regula en su título III. En su apartado primero dispone que el plazo máximo para resolver y notificar la licencia ambiental será de seis meses, a
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de abril de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Olga González-Lamuño Romay)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 1146/2022- ECLI:ES:TSJAS:2022:1146
Palabras clave: Inactividad de la administración. Espacios Protegidos. Red Natura 2000. Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Zona de Especial Conservación (ZEC).
Resumen:
El supuesto de autos trata de la desestimación por silencio de la denuncia por inactividad presentada por una asociación ambientalista contra la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias. El motivo que lleva a tal petición es la preocupación de asociación respecto de la desprotección de los cauces y vegas de varios arroyos afluentes del Río Gillón, dentro de la cuenca alta del Río Narcea, que afecta a distintos sistemas ecológicos. Se trata de un área parcialmente integrada en la Red Natura 2000, en la que se insertan ZEPA y ZEC. La actora solicita, en base al artículo 29 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, “iniciar con carácter inmediato un
Decreto-Ley 7/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente, la disposición adicional vigesimotercera relativa a la legalización territorial de las explotaciones ganaderas, los artículos 177.1 y 180.3 y se incorpora una disposición transitoria vigesimoquinta, relativos a los planes de ordenación de los recursos naturales, así como se modifica la disposición adicional segunda del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, el artículo 24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCAN n. 107, de 1 de junio de 2022
Palabras clave: Explotaciones ganaderas. Legalización territorial y ambiental. Silencio administrativo. Ordenación del territorio. Espacios naturales. Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
Resumen:
El Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 31 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Salud Ostos Moreno)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ AND 399/2022 – ECLI:ES: TSJAND: 2022:399
Temas Clave: Inactividad de la Administración. Aguas residuales urbanas. Convenio de colaboración. Aglomeraciones urbanas. Infraestructuras. Proyectos. Comisión de Seguimiento del Convenio.
Resumen:
La Sala se pronuncia en este caso sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira contra la inactividad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, actualmente Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de la Junta de Andalucía, en la tramitación de proyectos y ejecución de obras subsiguientes contenidos en los requerimientos dirigidos a la Administración y no atendidos, en aras a completar las infraestructuras que compete a la Consejería en cuanto al tratamiento de aguas residuales urbanas y ciclo integral del agua.
La parte recurrente considera que concurre tal inactividad por cuanto existe un Convenio, de naturaleza contractual y generador de obligaciones entre las partes, y además una obligación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 27 de enero de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: Edilberto José Narbón Laínez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 47/2022 – ECLI:ES:TSJCV: 2022:47
Palabras Clave: Contaminación acústica. Ruidos. Plan acústico. Silencio administrativo.
Resumen:
El recurso que da lugar a esta sentencia, es el que se presentó por un particular ante el pronunciamiento que desestimaba por silencio administrativo 17 solicitudes y reclamaciones presentadas ante el Ayuntamiento de L’Eliana, por exceso de ruidos en el lugar donde tiene su domicilio, y solicitaba medidas para paliarlos o eliminarlos.
En la sentencia, la Sala establece la relevancia del criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos argumentado en diversas sentencias donde establece que se entienden vulnerados los derechos fundamentales por ruidos, olores, etc., cuando se trate de una actuación continuada y acreditada.
Mientras, el Tribunal Constitucional, subraya la importancia de la intensidad y permanencia de dichos ruidos.
Atendiendo al origen de los ruidos denunciados en este asunto, se distinguen:
Camiones de la basura y tráfico. Ruidos procedentes de arreglos de
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