Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Oraa González)
Autora: María Pascual Núñez, Estudiante en prácticas del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 2729/2016 – ECLI:ES:TSJCL:2016:2729
Temas Clave: Proyecto Regional de Infraestructuras de Residuos de singular interés (PRIR); Licencias y autorizaciones; Instrumentos de ordenación del territorio; Autonomía local; Interés regional
Resumen:
Mediante el recurso contencioso-administrativo número 219/15 se impugna el Decreto 8/2015, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), dictado al amparo de la Ley Autonómica 10/1998, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 5 de diciembre.
Este recurso fue interpuesto por la Asociación “Ecologistas en Acción de Valladolid”, que solicita la declaración de nulidad de pleno derecho o, en su caso, la anulación del Decreto recurrido. Por su parte, las codemandadas, Junta de Castilla y León y la mercantil CENTRO DE TRANSFERENCIAS, S.A. (CETRANSA), interesan la desestimación íntegra del recurso planteado.
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 128/2016, de 7 de julio de 2016 (Ponente: Santiago Martínez-Vares García)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 192, de 10 de agosto de 2016
Temas Clave: Puertos; Establecimientos comerciales; Interés general; Planificación general de la actividad económica
Resumen:
El Pleno del Tribunal examina el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a varios preceptos y disposiciones adicionales de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.
Nos vamos a ceñir exclusivamente a la impugnación del art. 95 que, bajo la rúbrica «Modificación del Decreto ley 1/2009 (Equipamientos comerciales)», dispone lo siguiente:
«Se añade una disposición adicional, la duodécima, al Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, con el siguiente texto:
Duodécima. Excepciones a los criterios de localización y ordenación del uso comercial.
“Los pequeños y medianos establecimientos comerciales, individuales o colectivos, pueden implantarse dentro de las instalaciones de los puertos de titularidad pública, con gestión directa o indirecta, siempre y cuando estén situados en los entornos
Actividades marítimas:
ARIZA COLMENAREJO, María Jesús. “Cláusulas de jurisdicción y arbitraje en la Ley de Navegación Marítima de 2014”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 117-131
ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. “El contrato de crucero marítimo”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 23-68
COSTA GOMES, Manuel Januário da. “La piratería marítima en el derecho”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 69-90
LÓPEZ RUEDA, Francisco Carlos. “El transporte multimodal en la Ley de Navegación Marítima”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 91-115
MESTRE, Anna. “Limitación de responsabilidad de las embarcaciones de recreo: un debate abierto (comentario y revisión de la Sentencia del Tribunal Supremo 241/2015, de 6 de mayo de 2015)”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 287-293
PEJOVÉS MACEDO, José Antonio. “Cuatrocientos años de fundación del Tribunal del Consulado de Lima (Consulado de la Universidad de los Mercaderes de esta Ciudad de los Reyes, Reynos y Provincias del Perú, Tierra Firme y Chile)”. Anuario de derecho marítimo, n. 32, 2015, pp. 223-249
RODRÍGUEZ DELGADO, Juan Pablo. “El Derecho Marítimo se hace mayor: la avanzada autonomía del Derecho Marítimo tras la aprobación de la Ley de Navegación Marítima”. Anuario de derecho marítimo, n.
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 141/2016, de 21 de julio de 2016 (Ponente: Andrés Ollero Tassara)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 196, de 15 de agosto de 2016
Temas Clave: EMAS; Entidades de acreditación; Verificadores medioambientales; Entidad Nacional de Acreditación
Resumen:
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña promueve un conflicto positivo de competencias a través del cual impugna los arts. 9.1 y 2, 11.1 y 2, 12.1 y 4, y 13.2, la disposición transitoria primera y la disposición final tercera del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
La cuestión se centra en la aplicación en nuestro ordenamiento del sistema EMAS y, en particular, en la designación de las entidades de acreditación de los verificadores medioambientales.
El Gobierno de la Generalitat entiende que se han vulnerado las competencias en materia de medio ambiente reconocidas en
Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOCV núm. 7805, de 14 de junio de 2016
Temas clave: Ayuntamientos; Competencias; Residuos; Valorización; Vertederos
Resumen:
El Decreto Ley 4/2016 responde a la necesidad de articular medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dimanadas de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Más en concreto, y como se indica en el propio Preámbulo de la norma comentada, «la situación actual en extensas zonas de la Comunitat Valenciana se caracteriza por un conjunto grave de incumplimientos de los principios básicos de la gestión de residuos en los términos establecidos por la Directiva 2008/98/CE. Así, se están ignorando, de forma generalizada, los principios de autosuficiencia en la gestión, proximidad en el tratamiento, subsidiariedad, responsabilidad compartida, prevención y limitación de residuos en origen, y de cautela o precaución».
Todo ello, continúa el Preámbulo, ha «conducido a situaciones de extrema gravedad que por
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