Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de novembre de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Antonio Martí García)
Autora: Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STS 7696/2011
Temas Clave: Instalaciones de radiocomunicación; Antenas de telefonía móvil; Emisiones electromagnéticas; Emisiones radioeléctricas; Contaminación electromagnética
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 14 de junio de 2007, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por aquella misma entidad contra la aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Ondara de la Ordenanza municipal reguladora de la ubicación, instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas. La parte recurrente pretende que se case y anule parcialmente la sentencia recurrida y, ciñéndose únicamente a los pronunciamientos que le fueron desfavorables, se estime íntegramente el recurso contencioso-administrativo, declarando la nulidad íntegra de la Ordenanza, y subsidiariamente, de determinados preceptos.
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas)
Autora: Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STS 7528/2011
Temas Clave: Evaluación de impacto ambiental; Declaración de impacto ambiental; Actos de trámite
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por la entidad Arenas, Áridos y Transportes El Cerro S.L. contra la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, de 29 de febrero de 2008, en la que se declara inadmisible el recurso contencioso-administrativo promovido por dicha entidad contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de 2 de diciembre de 2004 por la que se hace pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de explotación de arena en una concesión de explotación, así como contra la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 27 de marzo de 2006
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 6788/2011
Temas Clave: Plan Sectorial de residuos industriales; contenido indisponible; ubicación de centros de tratamiento de residuos.
Resumen:
La Sentencia que nos ocupa resuelve el recurso de casación presentado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 22 de junio de 2007, por la que se estimaba en parte el recurso presentado por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, contra el Decreto 48/2006, de 13 de julio, de la Junta de Castilla y León por el que se aprobaba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León.
En este sentido, se declaraba nulo el apartado 9.2.1 del referido Plan, por no establecer la ubicación de los centros de tratamiento de residuos contemplados en el Mapa M-3 del Anejo del
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mª del Pilar Teso Gamella)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 7152/2011
Temas Clave: Autorización de vertidos; competencia del Estado; potestad sancionadora; autorización ambiental integrada; órgano competente de la Comunidad Autónoma; cuencas intracomunitarias
Resumen:
La Sentencia que comentamos en este ocasión trae causa del recurso contencioso-administrativo presentado por la mercantil “Serviace, S.A” contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de octubre de 2008, en cuya virtud se impone a la entidad una sanción administrativa de multa por una cuantía de ….y la obligación de indemnizar por los daños causados al Dominio Público como consecuencia de la infracción prevista en el art. 116.3.f) Texto Refundido de la Ley de Aguas, relativa a “vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la debida autorización” (F.J.1º). La entidad recurrente pide se declare nulo el acto administrativo sancionador, argumentando, entre otras cuestiones, la falta de competencia del Consejo
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús E. Peces Morate)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 7079/2011
Temas Clave: Orden; Reglamentos; criterios valoración reparación daños al dominio público; vertidos aguas residuales; rango normativo
Resumen:
La Sentencia que nos ocupa resuelve el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 30 de abril de 2010, en la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad Autónoma de Madrid contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 85/2006, de 16 de enero, en cuya virtud se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales.
La parte recurrente entiende que la Orden vulnera los principios de legalidad y tipicidad, por la insuficiencia del rango normativo de la misma, habida cuenta de la reserva de ley en materia sancionadora (F.J.3º), y que las infracciones previstas
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