Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de marzo de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Bonet Frigola)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CAT 2362/2023 – ECLI:ES:TSJCAT:2023:2362
Palabras clave: Ayuntamientos. Energía solar fotovoltaica. Planeamiento urbanístico. Procedimiento administrativo. Urbanismo.
Resumen:
El Ayuntamiento de Calltellfollit del Boix (Barcelona) interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Ponencia D´Energies Renovables del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, por la que se estimó el recurso de reposición interpuesto por una mercantil contra el Acuerdo sobre la viabilidad del emplazamiento del proyecto de Planta solar fotovoltaica “Castellfollit”, de 45,33MWp, estimando las alegaciones segunda y tercera, por lo que se modificaba el Acuerdo anterior de 5 de octubre de 2020.
Para contextualizar, este anterior Acuerdo de 5 de octubre de 2020, precisamente, era contrario a la implantación de la planta solar, cambiando a un sentido favorable el 14 de diciembre de 2020 tras la estimación del recurso administrativo interpuesto por la mercantil promotora de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 2 de febrero de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Javier Albar García)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 137/2023 – ECLI:ES:TSJAR:2023:137
Palabras clave: Ayuntamientos. Energía solar fotovoltaica. Planeamiento urbanístico. Procedimiento administrativo. Urbanismo.
Resumen:
Se interpone recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Fueva (Huesca) de 7 de junio de 2021 por el que se aprueba inicialmente el segundo documento del Plan General de Ordenación Urbana y la suspensión cautelar del otorgamiento de las licencias de parcelación, edificación, demolición y de actividad en todo el término municipal aparejada a dicha aprobación inicial. Las recurrentes son tres mercantiles, con intereses en la construcción en el municipio de instalaciones fotovoltaicas de las que ya habían obtenido autorización de Red Eléctrica de España (REE). Hay que tener en cuenta que la primera aprobación inicial del documento había sido en 2011 y que, según se desprende de las alegaciones de las recurrentes, esta segunda aprobación tendría como causa precisamente la de evitar que finalmente pudieran
Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOPA n. 58, de 24 de marzo de 2023
Palabras clave: Calidad ambiental. Prevención. Desarrollo sostenible. Actividades. Autorizaciones. Gestión medioambiental. Huella de carbono. Economía circular. Compra verde. Fiscalidad ambiental. Autorización ambiental integrada. Evaluación de impacto ambiental. Cooperación. Ayuntamientos. Información. Participación. Inspección ambiental. Infracciones. Sanciones.
Resumen:
La presente ley pretende ser el instrumento jurídico para garantizar un elevado nivel de protección de la calidad ambiental del Principado de Asturias que contribuya al bienestar de los ciudadanos y a la preservación, restauración y valoración del capital natural, y, como resultado, al incremento de su resiliencia frente al cambio climático y a otros riesgos medioambientales. La ley pretende compatibilizar el objetivo de mejora de la calidad ambiental con el desarrollo social y económico, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La vocación de la Ley es convertirse en el marco esencial del ordenamiento jurídico
Aguas:
ÁVILA CANO, Eulalia. Ayuntamientos y derecho humano al agua y al saneamiento. Revista de estudios locales Cunal, n. 259, 2022, pp. 27-64.
DOMÍNGUEZ SERRANO, Judith. Gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento durante la crisis sanitaria por Covid-19 en México. Revista Digital de Derecho Administrativo, n. 29, 2023, pp. 179-205. Disponible en: https://doi.org/10.18601/21452946.n29.09 (Fecha de último acceso 17-01-2023).
Alimentación:
AÑÓN CALVETE, Juan. El contrato de alimentos: instrumento de protección patrimonial. Revista jurídica de la Comunidad Valenciana, n. 83, 2022, pp. 31-60.
Autorizaciones y licencias:
MACHACÓN DÍAZ, Francisco Javier. Suspensión de licencias y fuera de ordenación urbanística: origen y evolución histórica hasta la reforma de la Ley del Suelo de 1956. Ciudad y territorio, vol. 54, n. 214, invierno 2022, pp. 813-836. Disponible en: https://doi.org/10.37230/CyTET.2022.214.2 (Fecha de último acceso 17-01-2023).
Ayuntamientos:
ÁVILA CANO, Eulalia. Ayuntamientos y derecho humano al agua y al saneamiento. Revista de estudios locales Cunal, n. 259, 2022, pp. 27-64.
Bienestar animal:
MAGRO SERVET, Vicente. El “maltrato vicario” a los animales en la violencia de género en la reforma del Código Penal. Diario
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 23 de septiembre de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: Miguel Ángel Narváez Bermejo)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 4851/2022 – ECLI:ES: TSJCV:2022:4851
Palabras clave: Contaminación acústica. Ruidos. Gases. Humos. Incendio. Taller. Automoción.
Resumen:
El recurso se interpone contra el Decreto del Ayuntamiento de Alicante por el que se acuerda declarar producidos los efectos de la Declaración Ambiental Responsable presentada por la demandada para ejercer su actividad. El objeto de la presente sentencia son los ruidos, riesgo de incendios, gases y humos contaminantes de la industria que genera la actividad de la parte demandada, en concreto un taller de automoción, y la parte actora, una comunidad de propietarios afectada.
En la sentencia apelada, de acuerdo con el principio de la carga de la prueba, tanto el informe realizado por el Departamento Técnico de Control de Obras, así como el informe de la Policía Local ponen de manifestó que el resultado de
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