Modificación de los Reales Decretos 1075/2014 y 1076/2014 dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014 y 1076/2014, ambos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. (BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2019)
Palabras clave: Política Agrícola Común; Solicitud única; Gestión; Superficies de interés ecológico
Resumen:
Durante las cinco campañas de aplicación de la última reforma de la Política Agrícola Común (PAC), la normativa nacional se ha ido adecuando de manera sucesiva a las modificaciones de la normativa de la Unión Europea.
En línea con estos objetivos e iniciativas, para la campaña del año 2020 se reduce la carga y complejidad administrativa que supone la aplicación del criterio de agricultor activo, a la vez que se le dota de mayor eficacia y claridad, asegurando que el agricultor realmente está ejerciendo la actividad agraria.
Dentro del marco regulador del Real Decreto 1075/2014, del 19 de diciembre, se aporta más
Agricultura:
CABELLO FERNÁNDEZ, María Dolores. “La titularidad compartida de las explotaciones agrarias como medida «bidireccional»”. Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, vol. 66, n. 1, enero-junio 2018, pp. 253-279. Disponible en Internet: fecha de último acceso 28 de octubre de 2019.
Aguas:
NAVARRO CABALLERO, Teresa. “Gestión compartida de recursos hídricos entre España y Portugal. Veinte años del Convenio de Albufeira”. Revista de Administración Pública (CEPC), Nº 209, mayo-agosto 2019, pp. 391-427. Disponible en Internet: fecha de último acceso 28 de octubre de 2019.
MEIRELLES SIQUEIRA, Majoe de; CHARVET, Patrícia; Tarso De Lara Pires, Paulo de. “Áreas de preservação permanente urbanas ao redor de cursos de água: uma abordagem histórica da legislação aplicável e alterações no tema à luz da nova lei florestal”. Revista internacional de direito ambiental, n. 17, mayo-agosto 2017, pp. 197-230
RIVERA BRAVO, Daniela et al. “Aguas y ordenanzas municipales en Chile: diagnóstico local de un recurso escaso en una geografía diversa”. Ciudad y territorio: estudios territoriales, n. 200, verano 2019, pp. 341-360
Alimentación:
MORENO BRENES, Pedro. “El nuevo régimen jurídico del pan”. Diario La Ley, n. 9475, 2019
Antenas de telefonía:
RODRÍGUES, Alex et al. “Infraestructura de suporte, lei de antenas e
Galicia regula el mecanismo para solicitar arrendamientos de fincas rústicas asociadas al Banco de Tierras
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG Núm. 183, 26 de septiembre de 2019
Temas Clave: Banco de tierras; Predio; Desarrollo rural; Explotaciones agroganaderas; Arrendamiento; Superficie agraria infrautilizada; Custodia del territorio; Custodia agraria; Participación
Resumen:
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) tiene atribuidas las funciones gestoras del Banco de Tierras de Galicia en base a la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
El objetivo del Banco de Tierras de Galicia, en funcionamiento desde el año 2007, trata de poner a disposición de las explotaciones agroganaderas la superficie agraria denominada “infrautilizada”. Según dicha Orden, se pretende alcanzar una doble finalidad, por un lado se amplía la base territorial de las explotaciones y, por otro lado, se lucha contra el avance del abandono del territorio rural gallego. Para conseguir este objetivo, el Banco de Tierras cuenta en la actualidad con más de 10.000 parcelas, que suponen más de 5.000 hectáreas y que son ofertadas para que todas aquellas personas que así lo deseen puedan solicitar
Acceso a la justicia:
OLMOS GIUPPONI, Belén. “Fostering environmental democracy in Latin America and the Caribbean: An analysis of the Regional Agreement on Environmental Access Rights”. Review of European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL), vol. 28, n. 2, julio 2019, pp. -151
PLEITE GUADAMILLAS, Francisco. “Acceso a la justicia en materia medioambiental”. Actualidad administrativa, n. 5, 2019
SALAZAR ORTUÑO, Eduardo. “Coordenadas y desarrollos internacionales del acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 42, enero-abril 2019, pp. 143-194
Actividades marítimas:
LAPIEDRA ALCAMÍ, Rosa. “El arbitraje marítimo internacional en las reglas de Rotterdam”. Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho, n. 22, diciembre 2016, pp. 144-173. Disponible en Internet: fecha de último acceso 27 de septiembre de 2019.
REIG FABADO, Isabel. “Las reglas de Rotterdam sobre transporte marítimo internacional: la delimitación del ámbito de aplicación”. Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho, n. 22, diciembre 2016, pp. 174-207. Disponible en Internet: fecha de último acceso 27 de septiembre de 2019.
Agricultura:
PEREIRA RIBEIRO NUNES, Claudia; ALVES VASCONCELOS, Priscila Elise. “A aplicação da logística reversa nos resíduos sólidos do agronegócio brasileiro”. Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 10, 2018, pp. 147-157
Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de junio de 2019 (Sala de lo Contencioso Madrid. Sección 1ª. Ponente: Felisa Atienza Rodríguez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 2410/2019 – ECLI: ES:AN:2019:2410
Temas Clave: Agricultura; Ganadería; Investigación; Competencias; Gasto público; Subvenciones
Resumen:
Se impugna en el presente recurso por la Abogada de la Generalitat de Cataluña, la Orden AAA/1229/2015, de 19 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015, las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en determinados sectores ganaderos.
La recurrente solicita que se declare la nulidad de la Orden y en defensa de su pretensión en base a lo siguiente: en primer lugar, solicita la nulidad de pleno derecho de la misma (art. 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ) por exceder de los límites materiales propios de la potestad reglamentaria, con infracción del principio de jerarquía normativa al vulnerar el marco de distribución competencial entre administraciones públicas ( artículo 51 de la Ley 30/1992 , en relación con los artículos
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