Sentencia del Tribunal de Justicia, de 23 de octubre de 2025 (cuestión prejudicial de interpretación) del Reglamento 1013/2006, relativo a los traslados de residuos: la letra c) del art. 24.2 exige a la autoridad competente valorizar o eliminar los residuos devueltos tras un traslado ilícito
Autor: Mario Martín García, Doctorando en Derecho de la Universidad de Valladolid
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, asuntos acumulados C-221/24 y C-222/24, ECLI:EU:C:2025:818
Palabras clave: Reglamento relativo a los traslados de residuos. Residuos peligrosos. Salud humana. Traslado ilícito. Valorización.
Resumen:
El Tribunal de Apelación en Materia de Medio Ambiente y Suelo, con sede en Estocolmo, ha planteado varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, centradas, principalmente, en el artículo 24.2 del Reglamento 1013/2006, de 14 de junio de 2006. Éstas han sido articuladas a través de dos peticiones distintas, derivadas de dos litigios en los que estaba involucrada la Agencia de Protección de Medio Ambiente sueca.
Ambos procesos versaban sobre cuestiones sustancialmente similares. La Agencia había tenido constancia de la existencia de un contenedor exportado desde Suecia a un Estado miembro (en un caso a Bélgica y en el otro a Alemania), en el que consideraba que había
Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: Carlos Lesmes Serrano)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 4036/2025 – ECLI:ES:TS: 2025:4036
Palabras clave: Sanción. Vertidos. Dominio público hidráulico. Autorización. Aguas residuales urbanas. Infraestructuras. Obras hidráulicas. Ayuntamiento. Consorcio. Junta de Andalucía. Competencias. Culpabilidad. Antijuridicidad. Salud.
Resumen:
El Alto Tribunal se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a través del Abogado del Estado frente a la sentencia de 23 de febrero de 2024 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Granada, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira -en adelante, Consorcio- y el Ayuntamiento de Íllora contra la resolución de 10 de junio de 2021, dictada por la propia Confederación, que a su vez desestimó el recurso de reposición formulado por aquellos contra el acto administrativo del mismo órgano, de 19 de febrero de 2021, que acordó la imposición de una sanción y la obligación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de febrero de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 1 Ponente: Julián Manuel Moreno Retamino)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 11552/2025 – ECLI: ES:TSJAND:2025:11552
Palabras clave: Energías renovables. Participación. Competencias. Libre mercado.
Resumen:
La sentencia que traemos a colación resuelve el recurso interpuesto por el Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética (Claner) contra el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (RLISTA). En particular, se impugnan los artículos 71.1.b).3º, 72 y 22.a), que regulan la implantación de infraestructuras de energías renovables, los informes preceptivos para actuaciones con incidencia territorial y la compatibilidad de usos en suelo rústico.
A estos efectos, la actora alega que la regulación supone un obstáculo a la unidad de mercado y a la implantación de energías renovables en Andalucía. Añade que se ha vulnerado el procedimiento de elaboración de la normativa al no haber sido oída la asociación recurrente tras diversas modificaciones del proyecto normativo.
Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2025, que desestima la solicitud de anulación del Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión: la norma define los criterios técnicos que permiten clasificar determinadas actividades económicas de los sectores de la energía nuclear y de los gases fósiles como contribuyentes sustanciales a la mitigación y adaptación al cambio climático
Autor: Mario Martín García, Doctorando en Derecho de la Universidad de Valladolid
Fuente: Tribunal General de la Unión Europea, Gran Sala, asunto T-625/22, ECLI:EU:T:2025:869
Palabras clave: Combustibles. Descarbonización. Energía nuclear. Gases efecto invernadero. Reglamento de taxonomía.
Resumen:
La República de Austria ha solicitado ante el Tribunal General la anulación del Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión, de 9 de marzo de 2022. La norma impugnada modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139, de la Comisión, que, a su vez, completa el Reglamento de Taxonomía (Reglamento 2020/852, de 18 de junio de 2020). Su cometido es establecer los criterios técnicos de selección que permiten determinar las condiciones en que determinadas actividades económicas relativas a los sectores de la energía nuclear y de los gases fósiles contribuyen sustancialmente a la mitigación y adaptación al cambio climático.
El Estado austriaco
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (A Coruña), de 27 de mayo de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2.ª, Ponente: Enrique García Llovet)
Autora: Dra. Paula Cisneros Cristóbal, Profesora Ayudante Doctora del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ GAL 4192/2025 – ECLI:ES:TSJGAL:2025:4192
Palabras clave: Inactividad administrativa. Prevención de incendios forestales. Biomasa. Competencias municipales.
Resumen:
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia resuelve el recurso interpuesto por una particular, Dª Bibiana, vecina del municipio de Poio (Pontevedra), contra la inactividad de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia. La recurrente denunciaba la falta de actuación ante el riesgo de incendio derivado del mal estado del monte colindante con su vivienda, situado en la zona de Portosanto, próxima a la ría de Pontevedra. La actora alegaba que la Administración autonómica no había adoptado ninguna medida de prevención, así como tampoco había tramitado expediente alguno, a pesar del Acta Policial de 16 de noviembre de 2021 que alertaba de riesgo real de incendio del monte colindante con su vivienda, a raíz de un incendio producido a menos de quinientos metros de su casa, a causa del mal estado del monte.
Mediante su demanda, la
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