Sentencia de la Audiencia Nacional, de 16 de marzo de 2026 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7, Ponente: Javier Rodríguez Moral)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:SAN 1156/2026- ECLI:ES:SAN:2026:1156
Palabras clave: Fiscalidad. Energía. Hidrocarburos.
Resumen:
El pronunciamiento que traemos a colación resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 21 de mayo de 2021, que había desestimado la reclamación formulada frente al acuerdo de la Oficina de Impuestos Especiales de Valladolid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de 1 de febrero de 2019. Dicho acuerdo denegó la rectificación de autoliquidaciones del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, modelo 581, así como la devolución de las cuotas soportadas entre julio de 2014 y mayo de 2018, por importe de 7.054.976,46 euros.
La parte recurrente, titular de la instalación de cogeneración de ciclo combinado “Michelín Valladolid”, ubicada en la factoría “Neumáticos Michelín” de Valladolid, expone que dicha instalación combina un ciclo de turbina de gas y un ciclo de turbina de vapor, lo que permite reutilizar el calor sobrante y alcanzar una mayor eficiencia respecto de la generación térmica tradicional. Durante
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de diciembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Santiago Pablo Soldevila Fragoso)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: SAN 5656/2025- ECLI:ES:SAN:2025:5656
Palabras clave: Declaración de impacto ambiental. Evaluación ambiental. Participación. Transportes.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso interpuesto por la Pedanía de Quintanaurria (Ayuntamiento de Carcedo de Bureba, Burgos) contra la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se aprobó definitivamente el Estudio Informativo del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, junto con su expediente de información pública y el trámite de audiencia a las Administraciones.
La parte recurrente alega impactos ambientales, económicos y sociales negativos, tales como la pérdida de puestos de trabajo y la afección a terrenos agrícolas y manantiales. A tal fin, propone alternativas técnicas. Igualmente, invoca supuestas infracciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario; del Real Decreto 2387/2004, de 30 de
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 10 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 1. Madrid. Ponente: Begoña Fernández Dozagarat)
Autor: Carlos Javier Durá Alemañ. Instituto de Estudios Sociales Avanzados. IESA-CSIC
Fuente: Roj: SAN 1683/2025 – ECLI:ES:AN: 2025:1683
Palabras clave: Caducidad. Expediente sancionador. Dominio público hidráulico. Vertido.
Resumen:
En la presente sentencia, interviene como parte actora el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur quien interpone recurso contra la resolución sancionadora del Ministerio de Medio Ambiente que impone una sanción de 110.025 euros y la obligación de indemnizar por daños al dominio público hidráulico en 33.007’53 euros. Además de la adopción de cualquier medida necesaria que impida la afección del dominio público hidráulico, debiendo solicitar en el plazo de 1 mes la legalización del vertido una vez que éste reciba un tratamiento de depuración adecuado.
El objeto de la sanción es la realización de vertidos de aguas residuales sin autorización administrativa del organismo de la cuenca. Manifiesta la actora que existe caducidad del expediente sancionador por los plazos establecidos para ello lo que ha causado indefensión. Además, alega que ha habido vicios en el procedimiento lo que ha generado indefensión lo que también sucede con la valoración de daños. El
Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de marzo de 2023 (Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1ª. Ponente, Begoña Fernández Fogarazat)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 1117/2023 – ECLI:ES:AN:2023:1117
Palabras clave: Continuidad ecológica. Red Natura 2000. Concesión administrativa. Evaluación ambiental. Dominio Público Marítimo Terrestre.
Resumen:
En la siguiente sentencia, el objeto de discusión es la concesión para la ocupación de los bienes de dominio público marítimo terrestre para uso de embarcadero y dos áreas de fondeo en la isla de Tagomago, TM Santa Eulalia (Ibiza).
La parte actora es la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en cuya demanda resalta la aprobación del LIC, en el ámbito de Islas Baleares, en el Anexo I del acuerdo se encuentra la isla de Tagomago. En el decreto de 29/2006 se amplió la lista de LIC y se declararon más zonas ZEPA en el ámbito de Islas Baleares, en el anexo IV del decreto consta el mapa de las islas de Ibiza y Formentera con los lugares
Sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de enero de 2023 (Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1ª. Ponente, Begoña Fernández Dozagarat)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 302/2023 – ECLI:ES:AN:2023:302
Palabras clave: Playa artificial. Red Natura 2000. Lugar Interés Comunitario. Costas. Interés Público.
Resumen:
En esta sentencia, una empresa recurre la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que deniega a la actora la concesión de ocupación de 2.615m2 de dominio público marítimo terrestre con destino a playa artificial en la zona norte de Costa Teguise, Lanzarote. En concreto, las obras eran trasladar arena de origen terrestre procedente de un yacimiento situado en el Sahara, con la construcción de dos espigones. Construcción de un pantalán para el uso lúdico de los bañistas. La Demarcación de Costas de Canarias con informe desfavorable remitió el expediente a la Subdirección general y en su informe propuesta, la demarcación decía que: el proyecto debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Que
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