Se declara la Zona Especial de Conservación de Sierra Espuña, y se aprueban los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BORM núm. 52 de 4 de marzo de 2026
Palabras clave: Espacios protegidos. Planificación. Zona Especial de Conservación.
Resumen:
Se ha publicado el Decreto 6/2026, de 12 de febrero, por el que se declara como Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Sierra Espuña (código ES0000173) y se aprueban los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras.
La norma desarrolla el marco europeo y estatal de conservación de hábitats y aves y, en este contexto, establece medidas de protección y de gestión coordinada para estos espacios, en cumplimiento de la Red Natura 2000 y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En cuanto a su estructura, la parte dispositiva del Decreto se compone de 13 artículos. En primer término, delimita y declara los espacios afectados y aprueba
Sentencia del TEDH de 3 de marzo de 2026, Asunto Tishkina contra Bulgaria
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Palabras clave: Derechos Humanos. Evaluación ambiental. Minería. Propiedad privada. Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve la demanda interpuesta por una ciudadana búlgara a raíz de la inacción de las autoridades nacionales, que no adoptaron medidas razonables para proteger su vivienda frente a daños estructurales irreparables causados por terceros dedicados a la minería ilegal de carbón en Pernik.
En esencia, la demandante sostiene que, pese a las múltiples quejas formuladas por ella y por su madre entre 2011 y 2015, las autoridades no llevaron a cabo una evaluación integral del fenómeno ni gestionaron adecuadamente los riesgos. A ello se sumaba la falta de claridad acerca de qué organismos eran competentes para intervenir y de qué contramedidas debían adoptarse. A estos efectos, invoca el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al respeto del domicilio, y, en conexión con este, el artículo 13, sobre el derecho a un recurso efectivo a nivel nacional, y el artículo 1 del Protocolo Adicional, relativo al derecho
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Luis Gonzaga Arenas Ibáñez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AND 18131/2025- ECLI:ES:TSJAND:2025: 18131
Palabras Clave: Evaluación ambiental. Minería. Montes. Protección ambiental. Urbanismo.
Resumen:
A continuación, se ofrece un resumen de la sentencia mediante la que se resuelve el recurso interpuesto por una mercantil contra la Resolución de 30 de junio de 2022 de la Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por la que se aprobó definitivamente la Modificación n.º 1 del Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva.
La parte actora solicita la nulidad de la resolución y, subsidiariamente, su nulidad parcial en lo relativo al Paisaje Agrario Singular AG-7 “Dehesa de Paymogo”. Alega, entre otros motivos, defectos en la motivación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), la improcedencia del descarte de la alternativa 0, la eliminación de condicionantes relativos a los vertidos de residuos mineros, la
Ley 2/2026, de 6 de marzo, de modificación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y de creación de la tasa por el servicio de gestión y recaudación del recargo municipal del impuesto
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC, núm. 9621 de 10 de marzo de 2026
Palabras clave: Fiscalidad. Sostenibilidad. Turismo.
Resumen:
La reciente Ley 2/2026, de 6 de marzo, de modificación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y de creación de la tasa por el servicio de gestión y recaudación del recargo municipal del impuesto, se estructura en dos capítulos: el primero modifica la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono; el segundo modifica el Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, para crear la tasa por el servicio de gestión y recaudación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Inmaculada Gil Gómez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 4099/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025:4099
Palabras clave: Acceso a la justicia. Evaluación ambiental. Urbanismo.
Resumen:
El pronunciamiento analizado resuelve el recurso interpuesto por una mercantil contra la Resolución de 26 de febrero de 2024, por la que se inadmitió su recurso de alzada frente al informe ambiental desfavorable emitido en relación con el Plan Especial de Ordenación de Suelo No Urbanizable para la implantación de un mercadillo turístico en Guardamar del Segura (Alicante), aprobado mediante Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de 27 de abril de 2023.
La Sala reconoce la legitimación activa de la mercantil recurrente, al haber impulsado la tramitación del plan especial y ostentar un interés legítimo directamente afectado por la resolución impugnada. En este sentido, se menciona el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, de 2 de octubre de 2020, por el que se declara de interés general el mercadillo turístico promovido por la empresa y se solicita la evaluación ambiental
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