Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 19 de diciembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª. Ponente: Luis Alberto Gómez García)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 3400/2024 – ECLI:ES:TSJAS:2024:3400
Palabras clave: Ganadería. Competencias. Actividades de fomento. Vía de hecho.
Resumen:
La sentencia objeto de análisis resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Mieres y COAG-Asturias contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo. El conflicto surge por las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos, orientadas al fomento de la ganadería, lo que ha sido considerado una actuación sin la cobertura jurídica adecuada y lesiva para los derechos de diversas entidades locales menores en la zona.
Desde un enfoque competencial, el juzgado de instancia determinó que el Ayuntamiento incurrió en una vía de hecho, al actuar en el ámbito territorial de otra provincia. En este sentido, recordó que, conforme al artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), las entidades locales únicamente pueden ejercer sus competencias dentro
Sentencia del TEDH de 27 de marzo de 2025, demanda 30336/22
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Palabras clave: Derechos Humanos. Derecho a la vida. Derecho Laboral. Derecho Ambiental. Sustancias tóxicas.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve la queja de unos particulares sobre la decisión de las autoridades italianas de archivar una investigación penal relacionada con la muerte de su padre y esposo, respectivamente, fallecido debido a un cáncer de pulmón presuntamente causado por la exposición a sustancias tóxicas en su lugar de trabajo. Los solicitantes argumentan que las autoridades no investigaron adecuadamente para identificar a los responsables de las violaciones de seguridad que podrían haber contribuido a la enfermedad, ni consideraron adecuadamente la evidencia que sugería un vínculo entre la enfermedad del fallecido y su exposición a sustancias nocivas en el trabajo, máxime porque no se había descartado la causa profesional de la enfermedad.
Se opone el Gobierno italiano, que defiende que la investigación fue adecuada y efectiva, argumentando que el fiscal decidió archivar el caso debido a la falta de pruebas suficientes para sostener una acusación. Añade que los solicitantes tuvieron la oportunidad de oponerse a esta decisión
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), de 6 de marzo de 2025: valoración de la información proporcionada por terceros para determinar la necesidad de someter a EIA un proyecto cuando no pueda excluirse la existencia de dudas razonables sobre las repercusiones significativas sobre el medio ambiente de dicho proyecto. Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
Autora: Mª del Carmen de Guerrero Manso, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza. Grupo de investigación ADESTER (S22_23R)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima, asunto C‑41/24, ECLI:EU:C:2025:140
Palabras clave: Medio ambiente. Evaluación impacto ambiental. Proyecto de urbanización. Zona especial conservación. Protección rigurosa de especies. Información presentada por un tercero. Dudas razonables.
Resumen:
En Ballincolling (Irlanda) se pretendía llevar a cabo un proyecto estratégico para la construcción de 123 viviendas. Con vistas a su autorización, el promotor realizó un informe de evaluación de impacto ambiental conforme a la Directiva 2011/92, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 3 de marzo de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Begoña González García)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 940/2025 – ECLI:ES: TSJCL: 2025:940
Palabras clave: Aguas. Obras. Acuíferos. Comunidad de regantes. Regadío. Concesión. Utilidad pública. Interés general. Concesión. Zonas agrícolas desfavorecidas. Despoblación. Concentración parcelaria.
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Ecologistas en Acción de Castilla y León contra el Acuerdo 15/2023, de 9 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla por el que se autoriza y declara la utilidad pública, el interés general y la urgente ejecución de las obras para la gestión hídrica del sector oriental del acuífero cuaternario y obras de mejora del regadío en la zona norte de El Carracillo (Segovia) -BOCyL de 13 de marzo de 2023-.
A través del primer motivo de recurso, la entidad ecologista considera que el desarrollo de este proyecto requiere que se otorgue una concesión de aguas por parte de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 17 de diciembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª. Ponente: María Pilar Martínez Ceyanes)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 3352/2024 – ECLI:ES:TSJAS:2024:3352
Palabras clave: Pesca. Conservación. Angula.
Resumen:
Esta sentencia aborda la impugnación de la Resolución de 24 de octubre de 2023, que regula la campaña de pesca de la angula para 2023/2024 y aprueba los planes de gestión correspondientes, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, por la Asociación Profesional de Pesca de Angula Artesanal y la Asociación de Anguleros Zona Centro Asturias.
En los antecedentes de hecho, se detalla que la Asociación demandante presentó el recurso solicitando la anulación de la resolución impugnada, argumentando que las nuevas limitaciones y medidas de protección no estaban respaldadas por informes científicos rigurosos y que contravenían el artículo 13 del Reglamento (UE) 2023/194 del Consejo. La Consejería demandada, por su parte, defendió la legalidad de la resolución, argumentando que las medidas estaban motivadas y basadas en información científica detallada, y que se sustentaban en la competencia exclusiva del
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