Principio precautorio, sustentabilidad y mejor información técnica disponible como criterios de actuación legítima. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema en causa “Guarache Gómez con Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”, Rol N°71.883-2020, de 1 de abril de 2021
Autora: Pilar Moraga Sariego, Profesora Titular, Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile[1]
Autor: Camilo Cornejo Martínez, Instructor del Dpto. de Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica Silva Henríquez
Fuente: Sentencia Corte Suprema, Rol N°71.883-2020.
Palabras clave: Principio precautorio. Información técnica. Debida fundamentación. Desarrollo sustentable.
Resumen.
Un pescador artesanal recurre de protección en contra de la Resolución Ex. N°3075/2019 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) que renovó la actividad pesquera industrial por un período de casi tres años en el área de reserva legal para pesca artesanal en dos regiones del país. Indica que la actuación estatal es ilegal porque la ley permite tales autorizaciones, pero de modo excepcional, en coherencia con los objetivos de conservación marina consagrados en el marco legal vigente en cuestión y que no se respetaría al
Sentencia de la Corte Suprema dictada en causa “Instituto Nacional de Derechos Humanos/ Gobernación Provincial de Petorca”, Rol N°131.140-2020, de 23 de marzo de 2021: Reconocimiento del Derecho Humano al Agua
Autores: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile[1]
Autor: José Illanes Vergara, Abogado U.Ch., Ayudante del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile
Fuente: Sentencia Corte Suprema, Rol N°131.140-2020
Palabras clave: Derecho Humano al Agua. Contenido y protección del derecho al agua. Grupos sociales vulnerables.
Resumen:
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (“INDH”), en favor de once personas de las localidades de Petorca, Cabildo y La Ligua, recurre de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial (“Seremi”) de Salud de Valparaíso y en contra también de la Gobernación Provincial de Petorca. Se intentó la acción de protección debido a omisiones ilegales por parte de las autoridades recurridas, en cuanto a no adoptar las medidas necesarias para proveer de agua potable, en cantidad suficiente y adecuada, para abastecer a las comunidades de las cuales son miembros los representados del INDH. Lo anterior se da en el
Sentencia de la Corte Suprema dictada en causa “Gallardo con Anglo American Sur S.A.”, Rol N°72.198-2020, de 18 de enero de 2021: Reconocimiento del Derecho Humano al Agua.
Autores: Pilar Moraga Sariego, Profesora Titular, Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile[1]; Camilo Cornejo Martínez, Instructor del Dpto. de Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica Silva Henríquez.
Fuente: Sentencia Corte Suprema, Rol N°72.198-2020.
Palabras clave: Derecho Humano al Agua. Contenido y protección del derecho al agua.
Resumen:
En Chile, trece personas habitantes de la comuna de Nogales interpusieron una acción de protección en contra de Anglo American, alegando que la minera estaría haciendo un uso desmedido de sus derechos de aprovechamiento de agua, lo que a juicio de los recurrentes, habría afectado el abastecimiento hídrico de una parte de la comuna para necesidades básicas tales como: hidratación, cocina o higiene, cuestión que lesionaría, a juicio de los accionantes, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los recurrentes. Tal situación sería ilegal, puesto que si bien la empresa es titular de
Sentencia Rol 210-2019 del Segundo Tribunal Ambiental, caratulado “Alonso Raggio, Katta Beatriz y otros en contra del Ministerio del Medio Ambiente”
Autor: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada, Katia Spoerer Rodrik, ayudante Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile[1]
Fuente: Comentario Rol 210-2019 del Segundo Tribunal Ambiental
Palabras clave: Justicia ambiental. Principio quien contamina paga, progresividad, preventivo y de no regresión. Legitimidad e interés en materia ambiental.
Resumen:
Mediante sentencia de 14 de octubre de 2020, el Segundo Tribunal Ambiental, rechazó el recurso reclamación interpuesto en virtud del 17 N°1 de la Ley 20.600, por las Sras. Katta Beatriz Alonso Raggio, y otros (las “Reclamantes”), en contra del Decreto Supremo N°105, de 30 de marzo de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante “MMA” o la “Reclamada”), mediante el cual se aprobó el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (“PPDA”).
El Recurso de reclamación se fundó en la supuesta ilegalidad de dicho PPDA, así como la eventual afectación al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrado en el artículo
Sentencia de la Corte Suprema dictada en causa “Jara Alarcón, Luis con Servicio de Evaluación Ambiental”, Rol N°8573-2019, de 13 de enero de 2021
Autora: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada y Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental; Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Autor: Camilo Cornejo Martínez, Instructor del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho; Facultad de Derecho de la Universidad de Chile[1]
Fuente: Sentencia Corte Suprema, Rol N°8573-2019
Palabras clave: Obligatoriedad del Cambio Climático. Acceso a la Justicia Ambiental. Consulta Indígena. Participación Ciudadana.
Resumen:
Desde 1992 Compañía Minera Cerro Colorado (“CMCC”) explota un yacimiento cuprífero contando con evaluaciones ambientales sucesivas originadas por impactos no previstos, sanciones o aumento de la producción. El año 2015, inicia una nueva evaluación ambiental para dar continuidad a la extracción hasta el año 2023. En esta tramitación se abrió un Procedimiento de Consulta Indígena (PCI) por dos años en el que no participó la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca (AIASIQ).
En paralelo el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) llamó a un Proceso de Participación Ciudadana (PAC), en el que sí participa AIASIQ formulando observaciones
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