Decreto-ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCAN núm. 187, de 11 de septiembre de 2020
Palabras clave: Pandemia. Economía. Sociedad. Medio ambiente. Simplificación administrativa. Medidas de intervención. Comunicación previa. Declaración responsable. Turismo. Energías renovables. Autoconsumo eléctrico. Recursos naturales. Sostenibilidad ambiental. Suelos urbanos y rústicos. Suelo Rústico de Protección Ambiental. Costas. Instalaciones energéticas. Explotaciones ganaderas.
Resumen:
En un contexto de crisis sanitaria que todavía no ha finalizado, anudado a las intensas consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia, a lo que se suma el riesgo que representa para un destino turístico de relevancia internacional como es el archipiélago canario, se aprueba el presente Decreto-ley que, a su vez, se enmarca dentro de los objetivos del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado el pasado 30 de mayo.
Su objeto es establecer una serie de medidas urgentes de simplificación y agilización administrativas con la finalidad de
Derecho constitucional:
ALMEIDA BORGES, Ana Carolina. O Meio Ambiente Equilibrado Enquanto Garantia Fundamental e Sua Tratativa Frente ao Novo Constitucionalismo Latino Americano. Revista Âmbito Jurídico, n. 178, noviembre 2018, pp. 1-20. Disponible en Internet: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/o-meio-ambiente-equilibrado-enquanto-garantia-fundamental-e-sua-tratativa-frente-ao-novo-constitucionalismo-latino-americano/ (Fecha de último acceso 26-08-2020).
CORREAL TORRES, Paula Nathalia. La responsabilidad social empresarial en el área medioambiental: una obligación constitucional en Colombia. Iustitia, n. 16, enero- diciembre 2018, pp. 99-118. Disponible en Internet: https://doi.org/10.15332/iust.v0i16.2402 (Fecha de último acceso 07-08-2020).
RAMÍREZ CARVAJAL, Diana María; RINCÓN ZAPATA, Carolina; GÓMEZ BETANCUR, Milany Andrea. Ideas sobre la justicia ambiental y el desarrollo social en Colombia: de la corte constitucional a las aulas de la universidad. Academia & Derecho, n. 18, mayo 2019, pp. 79-103. Disponible en: https://doi.org/10.18041/2215-8944/academia.18.5997 (Fecha de último acceso 22-09-2020).
TREJO CRUZ, Yesenia del Carmen; OME BARAHONA, Anayibe; RESTREPO LIZCANO, John Jairo. Derecho constitucional a un ambiente sano: una pauta para establecer tributos extrafiscales ambientales en Colombia. Academia & Derecho, n. 18, mayo 2019, pp. 51-77. Disponible en: https://doi.org/10.18041/2215-8944/academia.18.5995 (Fecha de último acceso 22-09-2020).
Derechos fundamentales:
AVANCINI MOREAU, Alex José et al. Considerações sobre Necessidade da Tutela Penal do Meio Ambiente. Revista
Decreto 65/2020, de 30 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2015, de 29 de julio, de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC número 8167 de 2 de julio de 2020
Palabras clave: Agricultura. Alimentación. Ganadería. Medio ambiente.
Resumen:
El artículo 116.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña prevé que corresponde a la Generalitat, respetando lo establecido por el Estado en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución española, la competencia exclusiva para la regulación y el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario. La Ley 18/2015, de 29 de julio, de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, establece el marco normativo que permite el reconocimiento de estas organizaciones en el ámbito de Cataluña, y que puedan acordar y obtener las extensiones de normas adecuadas a las condiciones y necesidades particulares del sector correspondiente y que contribuyan directamente al desarrollo general del sector agroalimentario.
El presente Decreto se dicta
Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCyL núm. 130, de 30 de junio de 2020
Palabras clave: Agricultura. Aguas. Contaminación. Suelos. Programa de actuación. Nitratos. Fertilizantes. Residuos. Estiércoles.
Resumen:
Mediante este decreto se examina el número de zonas vulnerables establecidas por el Decreto 40/2009, de 25 de junio, ampliándolas y redistribuyéndolas en una nueva declaración, ya que nuevas realidades científicas y análisis de la contaminación de las aguas así lo determinan.
Este decreto tiene por objeto designar las zonas vulnerables de la Comunidad de Castilla y León a los efectos previstos en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y la aprobación del Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla
Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCyL núm. 122, de 19 de junio de 2020
Palabras clave: Procedimientos administrativos. Simplificación de trámites. Plazos. Autorizaciones. Licencias. Declaración responsable. Producción de electricidad. Energía eólica. Urbanismo. Autoconsumo. Licencia ambiental. Comunicación ambiental. Ganadería. Agroalimentación. Restauración y hostelería. Estaciones de servicio.
Resumen:
Ante la crisis sanitaria y económica que sufre este país, Castilla y León cree necesario sumarse a la lucha para contener el impacto económico negativo y mantener el empleo a través de políticas que impliquen una simplificación de procedimientos y reducción de las trabas y cargas administrativas, así como una mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico.
Con este decreto-ley, la Administración se propone agilizar aún más su acción para no ser un obstáculo sino una ayuda a las iniciativas, al tiempo que como administración asume una parte importante del cambio. La reducción de plazos,
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