Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2024 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Carlos Lesmes Serrano)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1481/2024 – ECLI: ES: TS: 2024:1481
Palabras clave: Planeamiento urbanístico. Evaluación ambiental estratégica. Procedimiento. Suelo urbanizado.
Resumen:
La Sentencia comentada resuelve el recurso de casación núm. 5113/2022 interpuesto por la Generalidad Valenciana, y por Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A., siendo parte recurrida la Asociación de Vecinos de la Punta Unificadora. El recurso se interpone, así, contra la Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (Sección Primera), de 31 de marzo de 2022, que estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 41/2019, promovido por la Asociación de Vecinos citada, contra la resolución, de 17 de diciembre de 2018, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, que dispuso aprobar definitivamente el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. La Sala de Instancia declaró la nulidad de la resolución y del plan especial.
Aguas:
CASTILLO JOFRÉ, Rodrigo; ÁLVEZ MARÍN, Amaya; LIMA, Gabriela G. B. Fuentes normativas y desarrollo jurisprudencial del derecho humano al agua en América Latina. International Journal of Constitutional Law, vol. 21, n. 5, 2023, pp. 1559-1588.
Autorizaciones y licencias:
MARTÍN VALDIVIA, Salvador María. Formas de intervención administrativa en el urbanismo andaluz. Licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas. Revista Andaluza de Administración Pública, n. 115, enero-junio 2023, pp. 265-331. Disponible en: https://doi.org/10.46735/raap.n115.1390 (Fecha de último acceso 06-03-2024).
Biodiversidad:
LÓPEZ RAMÓN, Fernando. Propiedad versus biodiversidad (Perplejidades ante la doctrina argentina sobre la península de Magallanes). Revista Andaluza de Administración Pública, n. 115, enero-junio 2023, pp. 217-242. Disponible en: https://doi.org/10.46735/raap.n115.1388 (Fecha de último acceso 06-03-2024).
Cambio climático:
JAHN, Jannika. Domestic courts as guarantors of international climate cooperation: Insights from the German Constitutional Court’s climate decision. International Journal of Constitutional Law, vol. 21, n. 3, 2023, pp. 859-883.
Contaminación acústica:
CABEZUELO VALENCIA, David. Responsabilidad Patrimonial del ayuntamiento por los daños derivados de la contaminación acústica procedente de unas terrazas de verano. La administración práctica, n. 11, 2023, pp. 147-155.
Costas:
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 12 de diciembre de 2023 (Sala de lo Contencioso, Sección 1, Ponente: María Esther Castanedo García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 1259/2023 – ECLI:ES: TSJCANT:2023:1259
Palabras clave: Derechos de emisión. Sanciones. Gases efecto invernadero. Comercio de emisiones.
Resumen:
El supuesto de autos ha llamado nuestra atención por versar sobre la impugnación de una sanción en materia de derechos de emisión por valor de 37.267.797,00 €, establecida mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 5 de julio de 2022. El acuerdo impugnado establece dos aspectos principales: i) impone a SNIACE, S.A. la sanción pecuniaria meritada por una infracción administrativa muy grave tipificada en el artículo 29.2 apartado 5º de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; y ii) ordena la entrega de 343.482 derechos de emisión equivalentes a las emisiones del año 2019.
La mercantil sostiene que la empresa se encontraba en fase
Murcia aprueba la instrucción técnica para la tramitación y redacción de los documentos de alcance en procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica
Fuente: Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 16 de febrero de 2024, con el número 39.
Palabras clave: Evaluación impacto. Programas de vigilancia. Afecciones legales. Factores ambientales. Daño ambiental. Simplificación administrativa. Unificación.
Resumen:
La presente Orden se aprueba conforme a lo establecido en el artículo 11 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y los artículos 85 y 102 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, por consiguiente, es la Consejería el organismo con competencias en materia de medio ambiente para ejercer en determinadas situaciones las funciones de órgano ambiental de planes, programas y proyectos.
La reestructuración normativa ocasionada a raíz del Decreto 42/2023, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 31/2023, de 14 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, la Dirección General de Medio Ambiente es el órgano
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de enero de 2024, por la que resuelve la cuestión prejudicial en relación a la interpretación del Convenio de Aarhus de 1998, relativo a la información, participación y acceso a la justicia ambiental
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Catedrático de Derecho administrativo. Universidad de Navarra.
Fuente: Asunto C-252/22
Palabras clave: Convenio de Aarhus. Acceso a la justicia ambiental. Legitimación activa. Público interesado. Costas procesales.
Resumen:
La cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2.4, 9.3 y 9.5, del Convenio de Aarhus de 1998 y aprobado por la UE mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo. La cuestión se plantea en el seno de un litigio entre la una sociedad civil profesional de abogados rumana (AB & CD), y diversas entidades públicas en relación con la legalidad de los actos administrativos adoptados por estas últimas para la construcción de un vertedero en una ciudad rumana, a saber, el plan urbanístico de 16 de septiembre de 2009 y la licencia de obras de 3 de octubre de 2012.
AB & CD invoca el artículo 35 de
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