Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOIB núm. 163, de 29 de diciembre de 2019
Temas Clave: Patrimonio natural; Caminos; Medio ambiente; Desarrollo rural; Ordenación del territorio; Patrimonio cultural; Paisaje; Deporte, Educación ambiental; Agricultura; Propiedad; Acción pública; Desafectación; Catálogo; Información; Usos; Senderismo; Infracciones y sanciones
Resumen:
La red de caminos sigue conformando un patrimonio primordial y práctico para el desarrollo de la vida rural y de las actividades agrarias, ganaderas y complementarias. Los caminos públicos constituyen una red de vías extensa y arraigada con la función histórica básica de enlazar los diferentes lugares de las islas, en especial los núcleos tradicionales, que ofrecen al conjunto de la población una accesibilidad generalizada a todo el territorio insular. Esta función todavía perdura hoy en día con la estructura de una trama conformada por miles de kilómetros de caminos con unas funciones, unas características y una frecuentación muy prototípica de las islas.
Actualmente, todavía se percibe en Mallorca la relevancia capital de esta red de caminos para el bienestar de
El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica) más conocido como Acuerdo Escazú
Autor: Fernando Vicente Davila. Doctor en Derecho Ambiental, Universidad de Vigo
Fuente: Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Temas clave: América Latina y el Caribe; derecho de acceso a la información; derecho de participación; derecho de acceso a la justicia; defensa de los derechos humanos ambientales
Resumen:
El 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica), y tras un largo período de gestación que ha durado siete años, ha sido alumbrado “El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo Escazú”, que implementa el principio 10º de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente de junio de 1992.
Es esta una iniciativa auspiciada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene cierta similitud con la experiencia y desarrollo llevados a
Aguas:
CANAL ALATA, Rosario Viviana. “El derecho ambiental en el sistema democrático peruano: el caso del proyecto hidroeléctrico Inambari”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Iñaki Bárcena Hinojal. San Sebastián: Universidad del País Vasco, 2017. 408 p., [en línea]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10810/27132 [Fecha de último acceso 22 de noviembre de 2018].
Cambio climático:
LOMINCHAR JIMÉNEZ, José. “El cambio climático y su repercusión en la normativa legal del comercio internacional”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Rubén Herrero de Castro. Madrid: Universidad Camilo José Cela, 2015.
Costas:
ZARAGOZA IVARS, Francisco Javier Jorge. “Ordenación urbanística de los municipios litorales”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Fernando Sainz Moreno. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2015. 426 p., [en línea]. Disponible en Internet: https://eprints.ucm.es/43633/ [Fecha de último acceso 22 de noviembre de 2018].
Desarrollo sostenible:
FERREIRA, Agata. “How and why does Sustainable Development influence International Investment Law in the current Globalization Era: Compatibility or Irreconcilability?”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Efstahios K. Banakas y el Dr. Sergio Llebaría Samper. Barcelona: Universitat Ramon Llull. ESADE-Dret – Dret públic, 2017. 505 p., [en línea]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10803/456675 [Fecha de último acceso 22 de noviembre de 2018].
Economía sostenible:
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Raquel. “Análisis
Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 275, de 14 de noviembre de 2018
Temas Clave: Contaminación atmosférica; Emisiones; Industria; Información
Resumen:
En desarrollo de lo establecido en los artículos 52.2 y 55.6 del Reglamento de emisiones industriales, se aprobó la Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOX, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones.
Dentro de este marco, la presente orden establece los requisitos para el cumplimiento de los compromisos anuales de remisión de información de emisiones de las GIC, incluyendo los mecanismos de control y vigilancia de las instalaciones en lo relativo a las emisiones de algunos contaminantes atmosféricos y las disposiciones necesarias para que los titulares de las mismas informen de sus
Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 269, de 7 de noviembre de 2018
Temas Clave: Montes; Política forestal; Consulta; Información; Gestión; Asesoramiento; Coordinación
Resumen:
El Consejo Forestal Nacional, creado en el artículo 10.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, será el órgano consultivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de montes y política forestal y estará adscrito a dicho Ministerio, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Las funciones que le corresponden son las siguientes: a) Informar, entre otros, las normas y planes de ámbito estatal relativas al ámbito forestal. b) Impulsar la realización de informes y estudios sobre el sector forestal y hacer el seguimiento de los planes y programas de ámbito estatal relativos a los montes. c) Proponer a las Administraciones públicas las medidas que se estimen necesarias para mejorar la gestión sostenible del monte y la competitividad del sector. d) Elaborar un informe
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