Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-administrativo. Sección 1, Ponente: María Nieves Buisan García).
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 692/2020 – ECLI: ES:AN:2020: 692
Palabras clave: Cambio climático. Ayudas públicas. Subvenciones. Biodiversidad. Constitución. Distribución competencias.
Resumen:
Constituye el objeto del recurso planteado por la Administración General del Estado, la Sentencia dictada por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat de Cataluña frente a la Resolución de la Dirección de la Fundación Biodiversidad de 29 de noviembre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático.
Uno de los principales fundamentos de la Sentencia recurrida es que al tener asumidas el Estado las competencias básicas en materia de medio ambiente y las de desarrollo y ejecución la comunidad autónoma, la función de ejecución solamente tiene la excepción en casos debidamente justificados, entendía el Tribunal
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2020 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Segundo Menéndez Pérez)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 745/2020- ECLI: ES: TS: 2020:745
Temas Clave: Obras ampliación; Evaluación de impacto ambiental; Red Natura
Resumen:
La presenta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Tarragona, contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 25 de enero de 2017, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 602/2013, en el que se impugna la resolución del Ministerio de Fomento de fecha 7 de octubre de 2013, en la que se inadmitieron sendas solicitudes de revisión de oficio del Proyecto y la licitación de las Obras para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo, Tramo Castellbisbal-Murcia, Subtramo San Vicenç de Calders-Tarragona- Nudo Vilaseca. Son parte demandada el Ayuntamiento d’Altafulla y la Administración General del Estado.
En este sentido, el Tribunal Supremo considera que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, en la medida en que se plantea determinar si un proyecto que no comporta alteración en
Cataluña aprueba el documento base del Acuerdo Nacional para la Agenda 2030
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC Núm. 8068, de 20 de febrero de 2020
Palabras clave: Agenda 2030; Naciones Unidas; Desarrollo sostenible; Cambio climático; Biodiversidad
Resumen:
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es una hoja de ruta de las Naciones Unidas para disponer de un marco consensuado de actuación ante los retos globales de la humanidad. Esta hoja de ruta establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de tipo económico, social y ambiental. Para traducir los objetivos en acciones efectivas, Naciones Unidas anima a desarrollar respuestas nacionales ambiciosas para aplicar esta agenda y a crear alianzas de colaboración entre todos los países y actores para alcanzar los ODS.
Respondiendo a este mandato internacional, el 14 de febrero de 2017, el Gobierno adoptó el Acuerdo del Gobierno para la elaboración del Plan nacional para la implementación de la Agenda 2030 en Cataluña y de creación de la Comisión Interdepartamental para la elaboración del
Cataluña aprueba el Plan de Inspección Ambiental Integrada para el periodo 2020-2022
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC Num. 8066, de fecha 18 de febrero de 2020
Temas Clave: Inspección ambiental; Cambio Climático; Instalaciones; Plan inspección ambiental integrada
Resumen:
El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Recomendación 2001/331/CE, del 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales de los Estados miembros y consideraron la conveniencia de que las autoridades públicas dispongan de uno o más programas de inspección que cubran todo el territorio de su competencia y todas las instalaciones controladas que se ubiquen. También se fijan los criterios generales sobre el alcance, el contenido mínimo y la base sobre la que desarrollarse. Asimismo se establecen los criterios que deberían aplicar los organismos competentes de la inspección ambiental en materia de organización, ejecución, seguimiento y publicación de las inspecciones.
Finalmente se plantea la necesidad de tener en cuenta la división de responsabilidades entre los servicios de autorización y los servicios
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2020 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 73/2020- ECLI: ES: TS: 2020:73
Temas Clave: Competencias locales; Ruido; Mapas; Usos del suelo
Resumen:
La presente Sentencia resuelve el Recurso de casación 3835/2018, interpuesto por entidad mercantil, contra la sentencia 135/2018, de 20 de febrero, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada en Recurso contencioso-administrativo 130/2015, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Manresa, adoptado en su sesión de 19 de marzo de 2015, por el que se aprobó definitivamente el Mapa de capacidad acústica de Manresa, elaborado por la Diputación de Barcelona e informado favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales. Es parte recurrida el Ayuntamiento en cuestión.
Mediante Auto del 29 de octubre de 2018, el Tribunal acuerda, en primer lugar, admitir a trámite el recurso de casación citado; en segundo término, precisar la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, esto es, determinar cuál debe ser el criterio
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