Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Valentin Jesus Varona Gutierrez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3169/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3169
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial; Lobo; Sistema de ayudas; Daños
Resumen:
El presente recurso trae causa de la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por una mercantil con fecha 15 de diciembre de 2015, ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los ataques de lobos en la explotación ganadera de su propiedad en la finca Batanejos-Campo Azalvaro, sita en término municipal de Navas de San Antonio (Segovia), por importe de 33.644,50 euros.
He seleccionado esta sentencia porque a través de su contenido se efectúa un pormenorizado repaso de la postura mantenida por la Sala del TSJ y por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en orden a la concurrencia de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigibles para apreciar
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 25 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ana María Victoria Martínez Olalla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: TSJ CL 3112/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3112
Temas Clave: Montes; Minas; Concesión; Uso privativo
Resumen:
La Junta Vecinal de Villanueva de la Tercia impugna el acuerdo 28/2014, de 27 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se otorga a Explotaciones Suabar, S.L. la concesión de uso privativo de 11,17 ha en el monte “La Cabra y La Rasa” nº 981 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de León del que es titular, sito en el término municipal de Villamanín, y el acuerdo de la misma Junta de Castilla y León de 9 de abril de 2015, por el que se desestima el recurso de reposición presentado contra aquel. Pretende su anulación así como la de la Circular 1/2013 del Director General de Energía y Minas.
La Administración autonómica fundamenta sus resoluciones en que por parte de la mercantil se solicita la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 7 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Santos Gómez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 7921/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:7921
Temas Clave: Comunidades Autónomas; Competencias; Costas; Instrumentos de planificación; Ordenación del litoral; Ordenación del territorio
Resumen:
Con fecha de 26 de mayo de 2015, se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (Decreto 141/2015) . Conviene aclarar ya, por la fuerte implicación que esta circunstancia tiene en el resultado del pleito, que este Plan fue aprobado estando el Gobierno de Andalucía en funciones.
Bien, este instrumento territorial está contemplado en el artículo 5 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, justo por debajo jerárquicamente del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que es el marco de referencia territorial para los demás planes regulados en esta norma andaluza.
En cualquier caso, su regulación detallada se halla en el artículo 42 de la norma andaluza, señalando en su apartado 1 que tiene por objeto «establecer
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 25 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Maria Carmen Frigola Castillón)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 599/2017 – ECLI:ES:TSJBAL:2017:599
Temas Clave: Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales; Norma Territorial Cautelar; LGUM; interés general de protección del medio ambiente; suelo urbano
Resumen:
Esta sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, mediante el cual se impugna el Acuerdo de 11 de febrero de 2016 del Pleno del Consell Insular de Mallorca que aprueba definitivamente la Norma Territorial Cautelar previa a la formulación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca, publicado el 1 de marzo de 2016, en el BOIB no 28.
La finalidad de esta norma es “garantizar la aplicación del futuro Plan Director Sectorial, de forma que esa disposición general regula el régimen transitorio que regirá para los grandes establecimientos comerciales en la isla de Mallorca tanto para su implantación como para su ampliación, hasta que se apruebe aquel
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: María del Mar Jiménez Morera)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 7346/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:7346
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC); Planes de gestión; Red natura; Zonas de especial conservación (ZEC); Zona de especial protección para las aves (ZEPA)
Resumen:
Se recurre por una mercantil la Orden de 13 de mayo de 2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de la cual se aprueba el Plan de Gestión de la zona especial de conservación Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla (ES6110006), conformante por tanto de la Red Natura 2000.
El primer argumento de los recurrentes se refiere al hecho de que el Plan de Gestión ha sido aprobado sin el Informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Este Informe, según se apunta en la sentencia analizada, resulta exigible como viene declarando la doctrina jurisprudencial cuando se está ante reglamentos ejecutivos de las Leyes, por lo que resulta necesario analizar, en
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