Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 2611/2021, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo (acreditada como Catedrática) de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 3196/2022 – ECLI:ES:TS:2022:3196
Palabras clave: Dominio público hidráulico. Caudales ecológicos. Planes hidrológicos. Concesiones. Procedimiento administrativo de concertación. Revisión de títulos concesionales. Responsabilidad patrimonial.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por la Asociación de productores y usuarios de energía eléctrica (APUEE) contra la Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de noviembre de 2020, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la citada Asociación contra el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2021 (Decreto 1/2017, de 3 de enero, y Real Decreto 450/2017, de 5 de mayo), incluyendo el Acuerdo GOV/1/2017, de 3 de enero, por el que se aprobó el Programa de medidas del Plan.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 27 de mayo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio Revilla Revilla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 2189/2022 – ECLI: ES:TSJCL:2022:2189
Palabras clave: Dominio público hidráulico. Uso común especial. Pasarela. Río Alberche. Navegación.
Resumen:
El presente recurso trae causa de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) de fecha 26 de abril de 2.021 que desestima el recurso de reposición interpuesto por el ayuntamiento de Navaluenga contra la resolución de ese mismo organismo de fecha 26 de marzo de 2020 por la que se deniega la solicitud de autorización para la ejecución de obras en zona de dominio público hidráulico mediante la instalación de una pasarela flotante desmontable y temporal durante la época estival sobre el río Alberche en el término municipal de Navaluenga (Ávila).
El Ayuntamiento alega que la pasarela tiene por finalidad comunicar con la orilla del río la isla que se forma por la bifurcación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de julio de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 3ª. Ponente: Francisco López Vázquez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CAT 6989/2022 – ECLI:ES:TSJCAT:2022:6989
Palabras clave: Urbanismo. Jardín. Plan General. Plan Especial Urbanístico. Sostenibilidad. Seguridad jurídica. Jerarquía normativa.
Resumen:
Varias comunidades de propietarios recurren el Acuerdo del Plenario del Consell Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de aprobación definitiva de un Plan Especial Urbanístico para la Ordenación del Equipamiento docente y de forma indirecta, el Plan General Metropolitano de Barcelona. Además, se pretende la calificación del suelo afectado por unos jardines con gran apego para una parte de la sociedad de Barcelona, en concreto del barrio de Gracia, de manera conforme a su realidad física.
Para la Sala, no puede considerarse error el planeamiento realizado, tal y como solicita la actora, pues en momento alguno se dan los requisitos para ello, y tampoco fue alegado a lo largo de la elaboración del Plan.
La ejecución
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 4675/2021, Ponente: Inés María Huerta Garicano)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo (acreditada como Catedrática) de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 3187/2022 – ECLI:ES:TS:2022:3187
Palabras clave: Paisaje urbano. Ordenanzas. Informes preceptivos. Telecomunicaciones. Instrumentos de planificación territorial y urbanística.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra la Sentencia de 15 de febrero de 2021, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede Santa Cruz de Tenerife). Dicha Sentencia estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A.U. ¾el cual tenía pretensión principal la declaración de nulidad de la Ordenanza y, subsidiariamente, la anulación de los arts. 10.5 y 6, 12.2 y 3, 38.7, 70, 71, 74, 77 y el Capítulo V¾ y declaró la nulidad de la Ordenanza municipal del paisaje urbano de Santa Cruz de Tenerife, aprobada definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 6 de junio de 2014,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de junio de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 3467/2022 – ECLI:ES:TSJCV:2022:3467
Palabras clave: Incendio forestal. Agricultura. Forestal. Biodiversidad. Conflictos ambientales.
Resumen:
En esta sentencia, interviene como parte actora una mercantil dedicada a la actividad agrícola, la cual recurre la resolución de la Generalitat por la que se desestima la solicitud de la dicha mercantil a transformar determinadas parcelas de terreno en el término municipal de Atzúbia. Se trataba de transformar terreno forestal a terreno agrícola. El motivo fue haber sido afectadas por un incendio forestal en el año 2006 de un total de 304, 39 hectáreas.
En su escrito de alegaciones, la mercantil argumenta que la Administración no acreditó de manera suficiente que las parcelas fueran afectadas por el incendio forestal. Y, además, que dichas parcelas carecen de uso forestal, y que su uso es agrario de regadío, según consta en los acuerdos de alteración catastral.
Por todo ello, defiende que dichas resoluciones son
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