Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 5 de noviembre de 2015. Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE Núm. 296, de 11 de diciembre de 2015
Temas Clave: Minería; Cuestión de inconstitucionalidad; Terrenos registrables; Recursos de la sección C)
Resumen:
El Pleno del Tribunal examina en este supuesto la cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el art. 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, que dice: “Por razones de interés público, se declara todo el territorio de las Illes Balears como zona no registrable a los efectos de lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en el art. 57.3 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general para el régimen de la minería”.
El órgano judicial considera que tal prohibición genérica de actividades extractivas vulnera los arts. 149.1.23 y 149.1.25, en relación con el art.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: José Guillermo del Pino Romero)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 11469/2015 – ECLI:ES:TSJAND:2015:11469
Temas Clave: Dominio público; Procedimiento administrativo; Vías pecuarias
Resumen:
La Sala analiza el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil, contra la desestimación presunta de la solicitud presentada ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la revisión de oficio, por nulidad de pleno derecho, de una resolución que aprobaba la desafectación parcial de una vía pecuaria en la provincia de Cádiz.
En concreto, la parte recurrente aducía que procedía la revisión de oficio de dicha resolución por cuanto, con carácter previo a la desafectación aprobada, no se había efectuado el deslinde que resulta obligatorio a tenor de la legislación de vías pecuarias. Conviene apuntar que, en realidad, el deslinde sí que se había aprobado, sólo que, con posterioridad, éste había sido anulado por diversas sentencias.
La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo, condenando a la administración al inicio y conclusión del procedimiento de revisión de oficio.
Destacamos los siguientes extractos:
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora Lectora de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili (acreditada a contratada doctora por ANECA) e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STS 5035/2015 – ECLI:ES:TS:2015:5035
Temas Clave: Plan Hidrológico; caudales ecológicos; evaluación ambiental estratégica; Conservación de Hábitats naturales de flora y fauna silvestres; conservación de aves silvestres; Ley de aguas; reglamento de aguas
Resumen:
Esta sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el abogado de la Generalitat de Catalunya, contra el Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 1 de marzo de 2011.
La pretensión principal de nulidad se refiere a la totalidad del Real Decreto que aprueba el plan hidrológico impugnado, si bien, subsidiariamente, se solicita la declaración de nulidad de varios preceptos. Dicha pretensión se fundamenta en la vulneración de la Directiva 2001/42/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de septiembre de 2015 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª, Ponente: Juan Carlos Fernández de Aguirre Fernández)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 3242/2015 – ECLI:ES:AN:2015:3242
Temas Clave: Contaminación Acústica; Aeropuerto de Madrid-Barajas; Modificación de la Ley de Navegación Aérea; Responsabilidad patrimonial administrativa
Resumen:
La Sala examina el recurso interpuesto por 285 vecinos de una urbanización del municipio de Algete próxima al aeropuerto de Madrid-Barajas contra la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 10, de fecha 12 de noviembre de 2014, sobre responsabilidad patrimonial por contaminación acústica; siendo demandados el Ministerio de Fomento y las Compañías responsables de la gestión aeroportuaria.
Los recurrentes basan su pretensión en hechos que ya han sido reconocidos en sentencias firmes anteriores (STS de 13 de octubre de 2008, 16 de abril de 2011 y 7 de octubre de 2013), tales que la situación de contaminación acústica severa que padece su urbanización a consecuencia del sobrevuelo de aeronaves a baja altura y el hecho de considerar que el ruido afecta por igual y sin distingos a todos
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 22 de octubre de 2015. Ponente: Andrés Ollero Tassara
Los montes de propiedad privada no pueden considerarse domicilio a efectos de requerir autorización judicial para la entrada de los agentes forestales (STC 214/2015)
Autora: Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo, Consejera Académica de Gómez-Acebo & Pombo
Fuente: BOE Núm. 284, de 27 de noviembre de 2015
Comentario de la Autora:
La Sentencia del Tribunal Constitucional 214/2015, de 22 de octubre (BOE de 27 de noviembre), ha declarado inconstitucional el precepto de la Ley Forestal y de la Protección de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Madrid que exigía a los Agentes Forestales contar con una autorización judicial “para acceder a los montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales”[1].
La Sentencia declara inconstitucional y nulo el precepto por considerar que invade la competencia estatal para dictar la legislación básica sobre montes y aprovechamientos forestales (art. 149.1.23 CE), en cuanto contradice lo dispuesto la Ley de Montes del Estado, que autoriza a quienes desempeñen funciones de policía administrativa forestal a “entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso
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