Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 21 de diciembre de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Hugo Manuel Ortega Martín)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 825/2023 – ECLI:ES:TSJNA:2023:825
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Establecimientos comerciales. Libertad de establecimiento. Ordenación del territorio. Planeamiento urbanístico.
Resumen:
Una asociación de comerciantes y una federación de comercios y servicios, interponen recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 5 de julio de 2022 por el que se aprueba el Plan Sectorial de implantación de un gran establecimiento comercial en el Valle de Egües. El objeto del Plan es la implantación de un gran establecimiento comercial de tipo colectivo integrado por 5 establecimientos situados en el mismo espacio, con una superficie de venta y exposición de 5.886 metros cuadrados. Además, indirectamente se impugnaba el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (Acuerdo del Gobierno de Navarra de 9 de marzo de 2022) sobre esa misma actuación urbanística.
Los motivos sustentadores de la demanda se resumen en los siguientes:
Infracción del criterio legal de implantación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 5 de octubre de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Javier Albar García)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 1292/2023 – ECLI:ES:TSJAR:2023:1292
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Biodiversidad. Declaración de impacto ambiental. Turismo sostenible.
Resumen:
Una mercantil interpone recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de la reclamación administrativa presentada en la que solicitaba al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca del Gobierno de Aragón a fin de que dicho órgano declarase, reconociese, validara y/o confirmara la autorización administrativa obtenida por la reclamante en 2017 para ejercer la actividad de Helibike para la, entre otras, ruta denominada “Punta Suelza”-Bielsa”. La actividad Helibike hace referencia al traslado por helicóptero de ciclistas a zonas de alta montaña para su descenso. Por ejemplo, Punta Suelza, en el pirineo aragonés tiene una altitud de 2.972 metros.
En el expediente de tramitación de la autorización obtenida en 2017, constaban tres informes, dos de ellos declarando la compatibilidad, y un tercero en el que se acordaba realizar un informe
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de 27 de septiembre de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Pablo Delfont Maza)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ BAL 1379/2023 – ECLI:ES:TSJBAL:2023:1379
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Costas. Dominio público marítimo-terrestre. Procedimiento administrativo.
Resumen:
Una mercantil interpone recurso contencioso-administrativo contra la denegación por parte de la Demarcación de Costas de Islas Baleares de la solicitud de autorización para instalaciones desmontables destinadas a actividades deportivas flotantes por un periodo de cuatro años, en la playa de Alcudia (dominio público marítimo terrestre). La actividad cuya autorización había sido denegada se trataba de una estructura acuática flotante, con interés meramente privado, con una superficie de 1.289 metros cuadrados. La recurrente aduce principalmente que la decisión administrativa denegatoria de la actividad incurría en arbitrariedad.
La Sala entiende que la actividad de piscina acuática, situada a la orilla del mar, es de disfrute exclusivo para sus clientes y, en consecuencia, con privación del uso común. Destaca, además, que los actos administrativos en materia de autorizaciones y concesiones administrativas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de junio de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Capilla Hermosilla Donaire)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CAT 6392/2023 – ECLI:ES:TSJCAT:2023:6392
Palabras clave: Principio “Quien contamina paga”. Residuos. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Resumen:
Se recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Barcelona de 25 de abril de 2022, por parte de la abogacía del Estado, la Generalitat de Cataluña y la Fundación ECOTIC. Esta sentencia juzgaba la legalidad de la autorización otorgada a esta Fundación ECOTIC, constituida como sistema colectivo de responsabilidad ampliada de los productores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -en adelante, RAEE-, de conformidad con las obligaciones recogidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados -hoy derogada- y el vigente Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Entre otras cuestiones que soslayo por carecer de interés a los efectos de este análisis, la sentencia de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1 de junio de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ángel Ruiz Ruiz)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ PV 1189/2023 – ECLI:ES:TSJPV:2023:1189
Palabras clave: Actividades clasificadas. Autorizaciones y licencias. Licencia ambiental. Procedimiento sancionador.
Resumen:
Se recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de San Sebastián, la cual había confirmado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Astigarraga de 20 de diciembre de 2019.
Este Acuerdo municipal había condenado a varias mercantiles al pago de una multa administrativa de 125.000 euros. Las sociedades sancionadas (ahora apelantes) eran propietarias de un inmueble en el que se habían desarrollado actividades y usos clandestinos en el ámbito de una antigua vaquería (taller de vehículos y vertidos en la ladera; embalaje de palets de madera; almacenamiento de maquinaria y perrera). Sin embargo, según se infiere, no eran ellas mismas quienes ejercían dichas actividades. La infracción que traía causa de la sanción impuesta era calificada como grave a
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